Ante un fiscal de Riohacha, Guajira, se entregó el ex gobernador de ese departamento José Luis González Crespo, presuntamente vinculado a irregularidades que se produjeron en algunos procesos de contratación de la administración departamental.
Al parecer, el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Gobernación y un abogado para el desarrollo de una batalla jurídica que libraba el departamento por una estampilla no contó con la debida ejecución, pues aparentemente derivó en actividades completamente distintas a las descritas en el objeto del contrato.
Supuestamente, la Gobernación buscaría la asesoría jurídica de Osvaldo Rogelio Díaz Bermúdez, para recuperar los réditos financieros derivados de la existencia de una estampilla, pero los dineros, aparentemente, resultaron en poder de un tercero.
Una vez tuvo el poder, el jurista visitó varios municipios del departamento y logró que se giraran los recursos públicos a nombre de su empresa, Prodesarrollo, Gestión y Recaudo. Los dineros que debían terminar en poder de la Gobernación pertenecían a las poblaciones de Urumita, Villanueva, La Jagua del Pilar, Distracción, Hato Nuevo, Albania, Manaure, Maicao y Uribia, en suma que según la Fiscalía General de la Nación superó inicialmente los mil 800 millones de pesos.
