El paro judicial completa su quinta semana y los estragos sobre los usuarios de los servicios judiciales son innumerables. Al Palacio de Justicia de Valledupar siguen llegando ciudadanos con la esperanza de solucionar sus situaciones jurídicas pero las instalaciones siguen selladas por la Asociación de Empleados de la Rama Judicial, Asonal.
Carmen Agudelo, manifiesta que uno de sus familiares es investigado por el delito de hurto, presenta un delicado estado de salud y necesita de una orden judicial para que reciba atención especializada en otra ciudad.
“Estoy esperando un fallo para mi sobrino y está aplazado todo el proceso, no se ha podido hacer, él está enfermo, lo tenemos en un centro de rehabilitación y necesitamos trasladarlo pero no hemos podido hacerlo porque necesitamos que el juez dicte fallo”, relató la desesperada mujer.
A otras personas el paro los ha afectado económicamente, como lo asegura el pensionado Luis Cancimanse.
“Ahora tengo que ir a pagar una autenticación en la Registraduría para entregar un poder a un abogado, antes aquí en los juzgados me la hacían gratis”.
En ese mismo sentido se pronunció Gustavo Rojas, Policía retirado.
“Me afecta el paro porque no hay trámite sobre la demanda administrativa contra la Policía Nacional, llevo cuatro años esperando y esto me perjudica”, expresó.
Abogados divididos
Mientras tanto, la opinión entre los abogados está divida. El jurista Fredy Gutiérrez, dice que la prolongación del paro es preocupante, porque hay personas que ya debían tener resueltos sus problemas jurídicos y no se ha podido porque la justicia está paralizada.
“Todos los procesos están en estos momentos paralizados, entendido desde un comienzo que si bien la Rama reclama un derecho justo, el Gobierno Central a estas alturas no ha tenido un pronunciamiento que sea serio, en sentido de darle solución a esta problemática. Un país puede estar paralizado en otras cosas, pero no en la administración de justicia”, manifestó.
En cambio, la abogada Lesbia Melo Zúñiga, cree que es justa la reclamación de los empleados de la Rama Judicial y justifica el cese de actividades.
“A mí el paro no me está afectando en nada, yo apoyo totalmente esa justa causa de los funcionarios judiciales porque el Gobierno tiene que cumplir la ley, si hay una nivelación tiene que hacerla”.
El porqué del paro
Helbert Mendoza, presidente de Asonal seccional Cesar, durante el cese de actividades ha explicado que la justicia no volverá a la normalidad hasta tanto no se le dé cumplimiento a la Ley 4 de 1992, que estipula la nivelación salarial de los empleados judiciales.
“La diferencia entre los salarios de los empleados judiciales deben ser de un 70 por ciento al de su superior jerárquico. Los magistrados en la actualidad devengan $19’500.000, totalmente desproporcionado con relación a los jueces y fiscales, que ganan entre 4 y 6 millones de pesos”, explicó el líder sindical.
