El proceso que surgió con el entramado de corrupción que generó un millonario detrimento patrimonial en el sistema pensional del territorio nacional, dejó en Valledupar a otros siete condenados, pero esta vez con un panorama jurídico más favorable para ellos. Seis de los sentenciados no irán a prisión y otro obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria.
Esto se debe a que los procesados, Sandra Patricia González Atencio, María Carolina Ovalle García y Rolando José Vargas Russo, responsables de concierto para delinquir, además de Patricio García de Caro, condenado por el anterior delito y cohecho por dar u ofrecer, fueron sentenciados a pagar 28 meses y 15 días de prisión. Es decir, obtuvieron una condena inferior a los cuatro años que los hizo acreedores del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, una figura que permite al infractor suspender por un determinado tiempo la sanción de privación de libertad impuesta.
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