La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, declaró como improcedente la recusación de Camilo Gómez Alzate, representante del Estado en el caso, donde pedía excluir las preguntas de la presidenta Elizabeth Odio Benito, el vicepresidente Patricio Pazmiño Freire, así como de los jueces Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique.
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También rechazaron la solicitud de anular todo lo actuado desde que la corte tuvo conocimiento de la recusación por parte del Estado. Además, la CIDH “declara improcedente la solicitud del Estado de excluir del expediente internacional aquellas preguntas formuladas por los jueces que dieron lugar a la solicitud de recusación”.
