Durante los cinco años de la estructura de apoyo de la Fiscalía creada para investigar los nexos de la dirigencia política local y regional con los paramilitares, ha vinculado a 38 alcaldes, 44 concejales, un diputado, 58 exalcaldes, 135 exconcejales, dos exdiputados, 55 funcionarios públicos, 29 contratistas, 69 desmovilizados y 47 particulares procesados, en su mayoría, por concierto para delinquir y dentro del sistema penal mixto.
A septiembre de 2012 los fiscales de ese grupo – coordinado por la Jefatura de la Unidad Nacional contra el Terrorismo- acusaron a 19 alcaldes, otros siete mandatarios locales se acogieron a sentencia anticipada, ocho más fueron condenados y dos absueltos. Con respecto a los concejales, 19 fueron acusados y uno más aceptó su responsabilidad ante el fiscal instructor.
Así mismo, 23 funcionarios públicos –de diversos niveles- se acogieron a sentencia anticipada, otros 18 purgan condena y dos fueron absueltos.
Igualmente, fueron cobijados con resolución de acusación 27 exalcaldes, nueve más aceptaron cargos, 13 están condenados y uno fue absuelto. En cuanto a los exconcejales; 19 fueron acusados, 81 reconocieron su responsabilidad con miras a sentencia anticipada, y 10 fueron afectados con fallos condenatorios.
La subunidad también acusó a siete excandidatos a alcaldías y otros 2 exaspirantes aceptaron cargos. De la misma manera, están acusados tres excandidatos a diputados mientras que uno se acogió a sentencia anticipada.
Contratación con los ‘paras’
La Fiscalía descubrió en la ejecución de varios contratos anomalías como: ausencia de antecedentes en las convocatorias, incumplimiento en los términos estipulados para cumplir con los mismos, descuido de los interventores frente al desarrollo de los contratos y análisis de conveniencia y oportunidad incompletos o sin las motivaciones de rigor.
En el documento de 14 puntos, los entonces aspirantes para el periodo 2004-2008 se comprometieron a: nombrar personas recomendadas por las autodefensas y asistir a las reuniones convocadas por esos grupos ilegales.
También, la tarea adelantada por la Estructura de Apoyo comprende investigaciones para quienes hicieron parte de los denominados “Pacto de Chivolo” y “Pacto de Pivijay”, que facilitaron a las autodefensas ejercer control en poblaciones del Cesar y Magdalena.
