El 5 de agosto de 2025 en Valledupar se llevará a cabo una audiencia final en el Juicio Adversarial Transicional contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, acusado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, según informó un portavoz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Tras más de ocho meses de audiencias y la finalización de la etapa de testimonios, el proceso entra en su fase decisiva donde se definirá la situación jurídica del coronel.
Durante el juicio, que comenzó el 18 de septiembre de 2024 en Valledupar, se escucharon 54 testimonios en 10 sesiones, presentados por la Fiscalía, la defensa y la representación de las víctimas. Mejía Gutiérrez también declaró bajo juramento casi 30 horas, repasando su carrera militar y los 35 hechos por los que fue acusado, relacionados con su mando en el Batallón La Popa entre 2002 y 2003, periodo en el que se le atribuye la responsabilidad en la muerte de 72 personas presentadas falsamente como bajas en combate.
Aunque en la sesión 13 el coronel optó por acogerse al derecho al silencio durante el contrainterrogatorio, atendió solicitudes para responder algunas preguntas, aunque mayormente guardó silencio o afirmó no recordar los hechos. Ahora, las partes tienen 30 días hábiles para presentar sus alegatos finales por escrito, que luego expondrán en la audiencia pública del 5 de agosto en Valledupar. En esta, Fiscalía y defensa dispondrán de dos horas cada una para argumentar, y la representación de las víctimas tendrá una hora y media para intervenir. Será también la última oportunidad para que Mejía acepte o rechace su responsabilidad antes de la sentencia.
Este juicio es histórico para la justicia transicional en Colombia, ya que, a diferencia de la justicia penal ordinaria, las víctimas han tenido un papel central: han solicitado pruebas, participado activamente en las audiencias, formulado preguntas a los testigos y contado con acompañamiento psicosocial durante todo el proceso.
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El caso contra Mejía Gutiérrez es conocido por su relación con los llamados “falsos positivos” en el norte del Cesar y sur de La Guajira, donde se le imputa haber liderado un aparato ilegal que ejecutó asesinatos y desapariciones forzadas entre 2001 y 2003 para simular resultados operacionales y mejorar su imagen como comandante militar.
