Este viernes, el Concejo de Valledupar realizó la audiencia pública para que el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Armando Fontalvo, respondiera los interrogantes presentados por los ponentes del cabildo abierto realizado el 20 de diciembre sobre el proyecto de modificación excepcional de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la participación ciudadana en todas las fases de la propuesta. Los líderes comunales argumentaron que las imágenes de las mesas de trabajo que presentó Fontalvo son de la fase de diagnóstico, es decir, que no habrían sido convocados a concertar la versión final del proyecto.  

¿FALTÓ CONCERTAR CON LA CIUDADANÍA?

No obstante, el funcionario insistió en que han cumplido todos con “los presupuestos establecidos en la ley para que se agote este procedimiento, y toda la información que corresponde  a la modificación ha estado disponible en un micrositio que creó la administración para ello, y se ha enfatizado en que se le permita el acceso a todas las personas”. 

Sin embargo, en el espacio de interpelación, Alberto Gutiérrez, coordinador de la veeduría ciudadana del contrato de revisión parcial y modificación excepcional ejecutado por la Universidad del Magdalena, reiteró que la administración habría incumplido con el numeral 4 del Artículo 24 de la Ley 388 de 1997. 

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“Durante la revisión del plan por la Corporación Autónoma Regional, la Junta Metropolitana y el Consejo Territorial de Planeación, la administración municipal realizará convocatorias públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales, expondrá los documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los interesados y recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio”, reza la citada norma.

SOBRE LA CUARTA Y ÚLTIMA PRÓRROGA 

“Eso no lo hicieron… Tan claro lo tiene el mismo jefe de la Oficina de Planeación que en la solicitud de la Universidad para hacer prórroga, con fecha del 29 de noviembre, ponen ‘convocatorias públicas para gremios y comunidades en general’ que estima hacer en 7 días”, expresó Gutiérrez. 

Así mismo, Fontalvo citó textualmente el mencionado numeral de la Ley 388 de 1997 para solicitar la adición de tiempo al contrato ante la Secretaría General, el pasado 30 de noviembre. 

“Aunque está dicho en el documento, la prórroga  no solo es pensando en que se haga un proceso de socialización, es la necesidad que tiene la administración de que el consultor (Universidad del Magdalena) la acompañe durante toda la etapa que requiere”, aseveró Fontalvo. 

Es preciso mencionar que este contrato ha tenido 4 prórrogas y esta última vence el 31 de diciembre, por lo tanto, el Gobierno municipal ha hecho todos los esfuerzos para que el proyecto sea aprobado antes de que termine el mandato del alcalde Mello Castro.

PLANEACIÓN PRESENTÓ PROYECTO INCOMPLETO INICIALMENTE 

Ese “afán”, como lo ha definido Gutiérrez, ha sido evidenciado en las falencias de la radicación del proyecto en el Concejo, denunciadas por el abogado Jesús Perpiñán durante el cabildo y abordadas  también por el concejal Omar Ditta para dejar claridad sobre la actuación del cuerpo colegiado. 

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“En un inicio se radicó un proyecto al cual se le asignó el número 015 el 22 de noviembre, y ese proyecto antes de ser comunicado a la plenaria del Concejo fue estudiado por el presidente de la corporación, quien encontró que efectivamente el proyecto carecía de los requisitos esenciales para su estudio”, explicó Ditta. 

En ese sentido, continuó el militante de la Alianza Social Independiente, ASI, “el día 24 de noviembre, el presidente requirió a la administración para que presente los documentos faltantes para efectos de que pudiera dársele el respectivo trámite”. 

Según Ditta, el 5 de diciembre Planeación presentó “un proyecto que en realidad correspondía al mismo contenido del que fue radicado el 22 de noviembre, pero con unos documentos adicionales…”,  los cuales fueron revisados, y proceso resultó en la devolución del documento porque aún faltaba el concepto del Consejo de Planeación Territorial (CPT).

PROYECTO DE ACUERDO 017 

Fue posterior a eso que la administración municipal volvió a radicar el proyecto, pero esta vez con el solicitado concepto del CPT, y además, con las consideraciones de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar. Este documento obtuvo la numeración 017 y fue el proyecto discutido en el cabildo abierto. 

SOBRE LA CARENCIA DE INTERVENTORÍA 

Otro de los cuestionamientos fue la carencia de interventoría al contrato que tiene una inversión de $3.000 millones, de los cuales, $1.373 millones corresponden a la elaboración de estudios especiales, por ejemplo los de gestión del riesgo y cambio climático. 

Al respecto, el jefe de Planeación manifestó que desde los estudios previos quedó establecido que este tipo de contrato no requiere de interventoría: “Las interventorías están  específicamente para contratos de obras”. 

Así las cosas, ha sido la Alcaldía de Valledupar, con un equipo interdisciplinario, la que ha hecho seguimiento a la ejecución del contrato que tiene la Universidad. “Los informes que ha efectuado la supervisión también tiene su soporte y se encuentran a disposición de todas las personas”, argumentó Fontalvo. 

OTROS CUESTIONAMIENTOS

Teniendo en cuenta que el abogado y columnista de opinión Carlos Añez cuestionó la naturaleza de la excepcionalidad de la revisión, argumentando que la administración “combina la revisión que debió hacer al comienzo de su periodo y que está regulada por el artículo 6 del Decreto 4002 de 2004, con la revisión excepcional”. 

Ante eso, el jefe de Planeación indicó que con  la modificación excepcional “se busca cumplir los objetivos y estrategias de  largo plazo contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial”. 

Vea la audiencia pública completa aquí:

Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN. 

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