La Gobernación del Cesar adjudicó el contrato para la construcción de la Avenida del Río Guatapurí al Consorcio Avenida del Río, por un valor de $143.720 millones. La unión está conformada por Constructora del Cambio, con el 90 % de participación y representada por Juan Carlos Tamayo Sierra, y Construmas de la Costa, con el 10 %, a cargo de Mariluz Cortés Guerra.
El proyecto contempla una doble calzada en pavimento rígido de 9,1 kilómetros, distribuida en siete tramos, desde la glorieta La Pilonera Mayor hasta la prolongación del corredor vial Aeropuerto–Calle 44. De acuerdo con la Gobernación, la obra busca mejorar la movilidad urbana y conectar directamente con el aeropuerto Alfonso López Pumarejo.
La relación con Tapia y los Nule
Según una columna de investigación del periodista Yohir Ackerman publicada en la revista Cambio, la empresa Construmas de la Costa ha sido mencionada dentro del denominado “Carrusel de contratación 2.0”, en el que aparecen compañías que, a través de consorcios en distintas regiones del país, han estado relacionadas con el contratista Emilio Tapia, uno de los protagonistas del escándalo del Grupo Nule y que la semana pasada fue capturado por corrupción.
Ackerman advirtió en su publicación que varias de estas firmas conforman una red que se presenta en consorcios de obras de infraestructura, alternando como aliadas o competidoras, lo que dificulta seguir la trazabilidad de la responsabilidad contractual. Entre las compañías señaladas figura Construmas de la Costa, ahora partícipe del millonario contrato de la Avenida del Río en Valledupar.
El periodista Yohir Ackerman reveló que Construmas de la Costa S. A. S. integró, junto a otras tres compañías, el Consorcio Conexiones Viales Santander, que participó en una licitación de la Gobernación de Santander en diciembre de 2022. Una de esas firmas aliadas, Constructora Montemariana S. A. S., tiene entre sus accionistas a IGV Infraestructura, antes llamada Inversiones Grandes Vías e Ingeniería Ltda., empresa que fue relacionada con los desfalcos del Grupo Nule en el escándalo del acueducto La Mesa–Anapoima. Aunque cambió de nombre, conservó el mismo NIT, con el cual ha acreditado la experiencia que le ha permitido seguir participando en procesos de contratación pública.
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Un caso común en el Cesar
No es la primera vez que nombres repetidos aparecen en la contratación del departamento del Cesar. El propio Juan Carlos Tamayo Sierra, representante del consorcio ganador, también fue representante legal del Consorcio Infraestructura Vial del Cesar, que años atrás ejecutó un contrato de mejoramiento de vías secundarias y terciarias en La Paz y San Diego, igualmente financiado por la Gobernación del Cesar.
Lo mismo se ha presentado en obras como el Mirador del Eccehomo, los megacolegios y el Anillo Vial. Las mismas empresas se presentan, y las que pierden se ganan otros contratos.
El caso ‘no santo’
En agosto de 2023, la Gobernación del Cesar abrió la licitación de $7.569 millones para construir el Santo Eccehomo. A la licitación del Cerro Eccehomo se presentaron 5 proponentes. Sin embargo, de las cinco propuestas, cuatro fueron rechazadas porque cometieron errores inadmisibles
Los cuatro oferentes, además de los errores insólitos, coinciden en que han contratado más de una vez con la Gobernación del Cesar y con alcaldías cercanas a los Gnecco.
