Los indígenas kankuamos, yukpas, arhuacos, chimilas y Wiwas, que desde Valledupar apoyan la minga nacional agraria, campesina, étnica y popular, ayer dieron a conocer el pliego de exigencias al gobierno nacional para desmontar su protesta.

El cabildo gobernador de la etnia Kankuama, Jaime Arias, fue el encargado de socializar sus peticiones resumidas en ocho puntos: acuerdos incumplidos en el marco de la mesa permanente de concertación, adecuación institucional; tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial y ambiental; eje minero-energético, paz y derechos humanos, economía propia, infraestructura para la paz en los pueblos indígenas, y reconocimiento de la organización nacional indígena de Colombia

.“Las comunidades indígenas exigen que las entidades del gobierno nacional diseñen, estructuren y concerte proyectos de inversión específicos para el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Proyectos que apropiarán los recursos específicos para la vigencia fiscal 2017, y harán parte del proyecto de Ley de Presupuesto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicará ante el Congreso de la República en julio del 2016”, aseveró el líder indígena

.Otra de sus solicitudes es que el gobierno nacional concerté e implemente con los pueblos indígenas la adecuación de la institucionalidad que responda a criterios de integridad, reconocimiento, respeto, pertinencia cultural, coordinación y efectividad que disponga de autonomía política y financiera con capacidad técnica y administrativa, en un término de seis meses

.Asimismo reclaman la creación del Fondo Indígena para compra (adquisición o dotación), constitución, ampliación, saneamiento y legalización de tierras, clarificación y reafirmación de resguardos con títulos coloniales priorizados por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas; y la apropiación de 50 mil millones de pesos para dar continuidad al proceso de adquisición o dotación de tierras para pueblos indígenas, que permita cumplir lo acordado en la minga realizada en el 2013, donde se pactaron 80 mil millones de pesos y hasta mayo del presente año solo se habían ejecutado aproximadamente 16 mil millones.

Exigen la suspensión definitiva de las áreas mineras así como el otorgamiento de más títulos mineros, en cumplimiento de las ordenes emitidas el 15 de mayo de 2015 por la Sección Tercera del Consejo de Estado; consulta de la política minero energética del país con los pueblos indígenas y afrodescendientes; y la derogatoria inmediata de la resolución no 0391 del 20 de abril de 2016, por la cual se adopta la Política Minera Nacional; así como el cambio del trámite de asignación de áreas para actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

En el tema de paz y derechos humanos plantean reconocer a la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales como espacio legítimo de representación e interlocución de los pueblos indígenas y afros en los escenarios de diálogo y negociación entre el Gobierno Nacional, la Farc y el Eln; garantizar la participación de esta Comisión en las negociaciones de paz adelantada en La Habana, Cuba, para incidir en los acuerdos con las salvaguardas de los derechos étnicos territoriales; y que los pueblos y organizaciones indígenas realicen de manera autónoma procesos de formación en el marco de una pedagogía para la paz.

Asimismo piden la creación de un fondo de fomento de la economía propia para pueblos indígenas como fortalecimiento de los planes de vida y como mecanismo para el cumplimiento de los acuerdos establecidos en las bases del Plan Nacional 2014-2018 con pueblos indígenas; e infraestructura para la paz en los pueblos indígenas en: vivienda rural, vías, puentes, escuelas, puestos de salud, dotación de tecnologías, acueducto y alcantarillado.

Finalmente, reclaman el reconocimiento de la organización nacional indígena de Colombia. “Tenemos la autonomía reconocida a nivel territorial. En el resguardo kankuamo estamos habilitado como ente territorial para la administración del sistema general de participación.

Tenemos dificultades que siendo afiliados a la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC, no tengamos el estatus para el relacionamiento con el gobierno nacional. Necesitamos un estatus que esta organización merece y que ésta sea registrada en el Ministerio del Interior. Esto elevaría el nivel de interlocución y de reconocimiento como gobierno, también facilitaría convenios interadministrativo con el gobierno colombiano e implicaría el desarrollo de algunas estructuras que permitan articular los entes territoriales que se vayan creando en el país”, explicó Arias.

“Tenemos más de mil acuerdos con los gobiernos nacionales y locales, pero el porcentaje de cumplimiento es mínimo. Referente a las visitas del gobernador del Cesar y el alcalde de Valledupar en la minga reclamamos que los diálogos sean más productivos, que no sean solo para tomarnos la foto y decir que estamos bien, sino para ver resultados concretos en nuestras comunidades”: Jaime Arias, cabildo gobernador kankuamo.

Rechazo a aseveraciones del gobierno
Los pueblos indígenas del Cesar rechazan los señalamientos del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Defensa, donde relacionan su manifestación con supuestas infiltraciones de la guerrilla del Eln. “Esta actuación tiene la intención de deslegitimar las motivaciones y generar estigmatización en contra de la minga. Ratificamos el carácter pacífico e indefinido de la minga. Exigimos que el ministro de Defensa haga presencia en el Cesar para que brinde las precisiones y presente las pruebas correspondientes sobre las afirmaciones expresadas”, subrayó el cabildo que responsabiliza al gobierno nacional por las consecuencias que pueden acarrear sus aseveraciones.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN