La Fiscalía 12 seccional, adscrita a la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, le imputó cargos al exalcalde de Valledupar Fredy Miguel Socarrás Reales, por presuntamente  realizar de manera irregular una contratación en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante su periodo administrativo en el año 2014. 

Junto a él también fueron imputados por la misma investigación su exsecretario de Educación, Asdrúbal Rocha Lengua, y la exasesora jurídica, Mery María Romero Mestre, quienes comparecieron ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de Control de Garantías.

Los hechos investigados por el fiscal Gentil De León Mármol responden a unas irregularidades que habría en la etapa precontractual en el convenio de cooperación N° 02 del 214 que tenía como propósito “garantizar el servicio de alimentación durante la jornada escolar de los niños, niñas y adolescentes escolarizados en el área rural” de la capital cesarense.

Según la Fiscalía, el exalcalde para el cumplimiento de los objetivos del PAE contrató a ‘dedo’, es decir, de forma directa por un monto de 9 mil millones de pesos y no por licitación pública, como lo establece la ley colombiana en aspectos puntuales.

Esto se habría realizado aparentemente bajo beneplácito de los otros funcionarios por lo que todos fueron imputados por distintos delitos: el exalcalde y exsecretario por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que la exasesora jurídica por el delito de prevaricato por acción. Ninguno aceptó los cargos.

Así las cosas si en la próxima audiencia les realizan formulación de acusación serán llevados a juicio. 

EL EXALCALDE

Esta es la tercera vez que al exmandatario y exviceministro del Trabajo en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, le imputan cargos por investigaciones relacionadas a su periodo de administrativo en Valledupar entre el periodo 2012-2015.  

Las dos primeras fueron por unos lotes  del municipio relacionados a una permuta y contrato de compraventa,  donde aparentemente  quedó evidenciado un detrimento patrimonial.  

Por Marllelys Salinas Mercado / EL PILÓN [email protected]