Según la Fiscalía, durante unas visitas técnicas evidenciaron que hubo improvisación en la contratación, desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad y economía.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de Gamarra, Gabriel Alberto Giraldo Escudero, por presuntamente ocasionar un detrimento patrimonial que superaría los $839 millones de pesos en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales durante su administración pública.
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Junto a él también fueron llamados a responder Wilson Ruiz Tello, exsecretario de Planeación, y Carlos Alberto González, contratista de la obra, quienes al igual que el exmandatario fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La investigación corresponde a unas irregularidades que se habrían presentado en el contrato Nº 011 de 2013 destinado a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano de Gamarra para mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Según la Fiscalía, durante unas visitas técnicas evidenciaron que hubo improvisación en la contratación, desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad y economía.
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La planta de tratamiento habría sido desarrollada en un lote privado que no fue adquirido con antelación y después dejada abandonada sin entrar en funcionamiento.
“El posible incumplimiento de los requisitos técnicos para diseño y construcción habría generado que la obra quedara fuera de funcionamiento y en constante deterioro y abandono, lo que ocasionaría graves problemas ambientales y sociales, pues la planta de tratamiento está ubicada aproximadamente a 57 metros de una urbanización, y la infraestructura existente se encuentra invadida por la maleza, siendo foco de malos olores y aguas residuales putrefactas”, dijo la Fiscalía.
El ente señaló, además, que el impacto ambiental alcanzaría a ciénagas y brazos del río Magdalena, afectando negativamente actividades de la comunidad.
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Según la Fiscalía, durante unas visitas técnicas evidenciaron que hubo improvisación en la contratación, desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad y economía.
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La investigación corresponde a unas irregularidades que se habrían presentado en el contrato Nº 011 de 2013 destinado a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el casco urbano de Gamarra para mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Según la Fiscalía, durante unas visitas técnicas evidenciaron que hubo improvisación en la contratación, desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad y economía.
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“El posible incumplimiento de los requisitos técnicos para diseño y construcción habría generado que la obra quedara fuera de funcionamiento y en constante deterioro y abandono, lo que ocasionaría graves problemas ambientales y sociales, pues la planta de tratamiento está ubicada aproximadamente a 57 metros de una urbanización, y la infraestructura existente se encuentra invadida por la maleza, siendo foco de malos olores y aguas residuales putrefactas”, dijo la Fiscalía.
El ente señaló, además, que el impacto ambiental alcanzaría a ciénagas y brazos del río Magdalena, afectando negativamente actividades de la comunidad.
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