El Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías celebró las audiencias preliminares de los nueve universitarios y la funcionaria de la Universidad Popular del Cesar, UPC, sindicados de presuntamente orquestar un fraude en los procesos de graduación de esta institución.

La Fiscalía 16 Local indicó que en la investigación realizada encontraron suficiente materiales probatorios suficientes para indicar que hubo una manipulación concertada para engañar al centro académico en los parámetros establecidos para obtener el título de abogado de la UPC.

De acuerdo con el ente acusador, la principal responsable de fomentar la manipulación de los certificados de seminarios exigidos por la universidad, como requisito de grado, fue la funcionaria María Inmaculada Pinto Cerchar, quien presuntamente era la encargada de facilitar los documentos.

“A esta se le atribuye ser la posible determinadora y de las 10 conductas punibles, al sembrar la idea de maniobrar los papeles públicos, puntualmente las certificaciones de las evaluaciones de los seminarios. Les colocó la idea de que los presentaran en la universidad con una tarea de convencer y determinarlos, más exactamente en la sede Sabana”, dijo el fiscal del caso.

Añadió que la indebida conducta de Pinto Cerchad se vio reflejada en unos estudiantes a los que les había ayudado con ese mal comportamiento entre los meses de septiembre del año anterior y en febrero del 2018. A ella y a los jóvenes identificados como Linda Marcela Luqués Palacio, Yoise Galena García Ortiz, Kelly Fernanda Villero Vanegas, Eva Astrid Fernández Rodríguez, Any Lucellys López López, Damaris Edith Pedroza Mejía, José Mario Meneses Duarte, Atilio Miguel Zabaleta Suárez y Libardo Jesús Medina Torres, les imputó los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal, los cuales no fueron aceptados por ninguno de los implicados.

A los indiciados los detectives del CTI los capturaron en el desarrollo de un operativo el pasado miércoles desplegado en los municipios cesarense de Pailitas, La Paz, Valledupar; al igual que; en El Molino, La Guajira.

Las diligencias se materializaron con base a la denuncia entablada por el alma mater que evidenció unas irregularidades el pasado 24 de abril de estudiantes de la facultad de Derecho en Ciencias Políticas y Sociales, que al parecer falsificaron las firmas de un seminario que tenían como requisito cursar para titularse como abogados.

Al cierre de esta edición las partes continuaban compareciendo en el Palacio de Justicia para definir la aseguramiento en el caso conocido como ‘Grados express’.

El fiscal 16 pidió al juez que impusiera detención domiciliaria a los universitarios y cárcel para la funcionaria.