Una denuncia dirigida a cuatro personas por supuesta corrupción en el interior de la Secretaría de Tránsito Municipal de Valledupar, desencadenó una investigación de la Fiscalía General de la Nación que tiene para la fecha a ochos personas procesadas por el presunto detrimento patrimonial de $2.300 millones, a través de los ya conocidos carteles de la Chatarrización destapados en diferentes ciudades del país.

Los implicados en la denuncia instaurada el 3 de junio del año 2015, fueron: el exsecretario de Tránsito, Oscar Miguel Tom Socarrás; el exasesor jurídico y actual concejal, Leo Mestre Socarrás; la encargada de manejar la plataforma del RUNT, Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez, y el ciudadano José Vicente Ustáriz, quien no laboró con la institución pública.

“Solo estas personas fueron las que denuncié ante la Fiscalía porque eran los que veía que movían todas las piezas con respecto a intereses en el procedimiento de Chatarrización que había iniciado el Estado, las demás que están comprometidas en la investigación se las llevó el RUNT u otras pesquisas que haya encontrado la Fiscalía durante la investigación”, aclaró Guillermo de Jesús Rivero Pérez, en una entrevista concedida a este medio de comunicación.

ANTES DE LA INVESTIGACIÓN

Las declaraciones de Rivero Pérez señalan que los motivos de la denuncia se remontan a un inconveniente con el exsecretario de Tránsito, Oscar Tom Socarrás, a quien identificaba como un allegado de la familia.

“Conté todo a raíz que un día Oscar Tom, cuando las cosas comenzaron a caldearse y comenzaron a llegar ciudadanos a la Secretaría de Tránsito que presentaban irregularidades en su vehículo, me trató de culpar a mí en un programa radial de la ciudad. De ahí me llamaron periodistas y más adelante por consejos de conocidos afloró en mí ante las autoridades la verdad que no quería ni me atrevía a contar. Además que tenía prueba de lo que hacían. En el pedido de reposición de placas, a veces llegaban unas blancas que yo no pedía, pero que Leo después me decía que se las asegurara”, agregó Rivera Pérez.

El técnico en finanzas, fue nombrado para laborar con la Alcaldía Municipal el 30 de diciembre del año 2011, como auxiliar administrativo en la Oficina de Archivo Central de la Alcaldía y posteriormente fue trasladado, el 2 de septiembre del 2013, a la Secretaría de Tránsito para cumplir funciones de coordinador del área de archivo. El entonces secretario de Tránsito Municipal, el mayor (R) Antonio Ruiz Caviedes, fue removido del cargo por políticas del alcalde de turno, Freddy Miguel Socarrás, quien designó en el nuevo cargo a Oscar Miguel Tom Socarrás, y como asesor jurídico al actual concejal, Leo Mestre Socarrás.

“Cuando estaba en mis labores que llegaron Oscar Tom y Leo Mestre, en la institución comienza a aparecer a un señor conocido por ellos que se llama José Vicente Ustáriz, quien me solicita de manera directa que le efectuara un trámite ante el RUNT, le dije que esas diligencias era con Ingrid Yusilmy Hinojosa, y se dirigió a la funcionaria.

Desde ahí la aparición de este hombre en las instalaciones fue contante, hasta llegó hacer uso de las oficina de Tom Socarrás”, afirmó Rivero Pérez.

De acuerdo con la querella de Rivero, presentada a la Fiscalía, en ese tiempo el concejal Leo Mestre y Oscar Tom empezaron a solicitar los historiales de los camiones, que eran dejados en su oficina y dichas carpetas demoraban para regresar al archivo.

Por su parte, el concejal Leo Mestre afirmó en una entrevista otorgada a este medio que “sus funciones cumplidas en el año de 2014 se limitaron a velar por las actuaciones administrativas de la Secretaría de Tránsito Municipal, no conocía bien cómo era el proceso de Chatarrización”.

De acuerdo a Guillermo Rivero, meses después de instalar la denuncia enfrentó un proceso disciplinario que le costó dos meses de suspensión laboral debido a los documentos de solicitud de placas.

“Oscar Tom llegó a decir después de la denuncia que le suplantaba la firma, me suspendieron dos meses de mis labores. Donde el proceso formal para solicitud de placas por acuerdo de él se realizaba de la siguiente manera: yo firmaba por él en una copia de la solicitud y él firmaba la original. Por este caso me abrieron un proceso disciplinario en el que la Jefe de Control Disciplinario pidió al actual administración de la secretaría que compulsará copias de las solicitudes de unas placas específicas, pero la respuesta del secretario Arismendi fue que no aparecieron”, dijo Rivero.

Agregó que ante este panorama solicitó a la administración municipal que lo trasladaran de puesto, siendo reubicado a la Secretaría de Educación y posteriormente a la Oficina de Talento Humano en la que actualmente ejerce como auxiliar administrativo.

“A veces salgo pensando en sí me puede pasar algo, pero creo que era necesario lo que tenía que hacer porque lo que operaba ahí era un complot criminal. Solo toca esperar que las autoridades hagan el resto y la justicia pueda llegar”, concluyó Guillermo de Jesús Pérez.

LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a las investigaciones adelantadas por el ente acusador y reveladas en las audiencias concentradas de los implicados en el proceso de chatarrización alrededor de 83 vehículos relacionados al proceso de chatarrización que habilitó el estado mediante la Ley 1630 para modernizar el parte automotor a cambio de subsidios económicos, presentaron irregularidades en procedimientos como: falsificación de traspasos de propietarios de vehículo, placas falsas, firmas y sellos falsos de la notaria, vehículos plagiados y cambios de placas.

Por esta investigación están en calidad de sindicado: el exsecretario Tránsito de Valledupar, Óscar Tom Socarrás, el actual concejal Leonardo Mestre Socarrás, José Vicente Ustariz Quintero, Margarita Rosa Rodríguez Tobón; así como también; Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez, Luis Eduardo Retamoso Marriaga, Omar Antonio López, Leda Rosa Castilla Castillo y Nathalia Rosa Gómez Polo, quienes tienen medida de aseguramiento domiciliaria mientras se surta el debido juicio por la posible comisión de delitos en peculado, concierto para delinquir, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal y destrucción supresión u ocultamiento de documentos públicos y privados.

Los implicados enfrentarán en aproximadamente tres meses la formulación de acusación, para el caso del exsecretario de tránsito Oscar Tom Socarrás, la Fiscal 11 seccional, que lleva el proceso, se declaró impedida, por parentesco con el investigado.

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN
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