Un total de 5 hallazgos fiscales por valor de $41.384 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre de 2020, a proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el departamento de La Guajira, señaló la entidad a través de un comunicado.
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El hallazgo de mayor cuantía se da por un valor de $12.328 millones de pesos y está relacionado con un incumplimiento contractual por parte de la Universidad de la Guajira en la ejecución de un contrato en la modalidad de convocatoria, para “Estudios de maestría dentro y fuera del país para profesionales en el departamento de La Guajira”.
Entre otros aspectos, “no se evidencia que exista una efectiva retroalimentación de los profesionales beneficiarios de este programa al departamento de La Guajira”.
NO CORRE AGUA POR EL ACUEDUCTO
La segunda observación tiene que ver con el proyecto de “Construcción y puesta en marcha del sistema integral de acueducto y abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Camarones Riohacha, por un valor total de $12.102 millones de pesos”.
Aquí, señalan, la Contraloría encontró que 7 años después de haber iniciado el contrato de construcción del acueducto, y 1 año y 7 meses después de la entrega y recibo final, la infraestructura se encuentra abandonada e inoperante, y “no se ha cumplido el objetivo de garantizar una fuente de agua potable constante y de calidad, ni dar una cobertura real en la prestación del servicio de alcantarillado a la población del corregimiento de Camarones”.
“La auditoría determinó una serie de fallas en la planeación, formulación, viabilización y aprobación del proyecto. Para empezar, se desconocieron las características de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del SGR, referidas a la pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto de las que habla el artículo 23 de la ley 1530 de 2012”, detalla la entidad.
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INEFICIENTE
La tercera de las observaciones realizadas por la CGR tiene que ver con el proyecto para la Construcción de la Terminal de Transporte de categoría IV en el municipio de Uribía, por un valor total de $7.944 millones de pesos. Como resultado del análisis realizado por los auditores, se presenta un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $7.564 millones de pesos. Lo anterior, producto del uso ineficiente e ineficaz de los recursos del SGR en la construcción de una infraestructura que no cuenta con la aprobación y habilitación necesaria para entrar en operación.
Esto ha ocasionado que, después de más de 5 años y 2 meses de haber suscrito el acta final de ejecución de obra, esta no funcione, no preste el servicio para el cual fue contratado el proyecto y no aporte a la comunidad los beneficios técnicos, económicos y sociales esperados.
Adicionalmente, se presenta un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $4.697 millones de pesos, por deficiencias en el desarrollo del proyecto de Asistencia técnica y desarrollo social dirigida a los pequeños y medianos caficultores de la frontera colombo venezolana, Serranía del Perijá, departamento de la Guajira, y cuya ejecución estaba a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros.
“El contrato no se ha ejecutado a cabalidad por parte de la Federación, pues, cinco años después de su inicio, no se han adelantado todas las actividades que este preveía y, por ende, no existe un claro beneficio para la comunidad”, sentencia la entidad.
El último hallazgo tiene que ver con la construcción de las obras de protección contra inundación de la estación de bombeo de la urbanización Lomas de Trupillo, en el distrito de Riohacha. La urbanización Lomas de Trupillo, forma parte del proyecto de 1.000 viviendas gratis entregadas por el Gobierno Nacional y desarrollado mediante acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Riohacha y la Gobernación de La Guajira, con el fin de beneficiar a 300 familias.
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A través de este contrato, se pretendía disminuir el nivel de inundaciones en el sector de la estación elevadora del barrio Lomas del Trupillo y barrios que conforman la comuna 10 del distrito de Riohacha.
La ejecución del contrato se ha visto afectada por siete suspensiones desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2019, presentando un retraso de ejecución, liquidación y entrega de la obra de más de 26 meses. “Por esta razón, el ente de control determinó que había lugar para una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.253 millones de pesos”, concluye la Contraloría.