La pregunta se repite en los 25 corregimientos de Valledupar cuando un habitante necesita resolver un conflicto de convivencia, solicitar una medida de protección o acudir ante una autoridad: “¿Por qué el inspector del corregimiento no está?”. Para los inspectores de Policía rurales, la respuesta no se limita a la ausencia de un funcionario: también está relacionada con las condiciones materiales con las que deben ejercer un cargo que representa una de las presencias más cercanas del Estado en zonas apartadas.
Este jueves 17 de septiembre, la mayoría de inspectores rurales del municipio y algunos de la zona urbana se reunieron en el segundo piso de la Alcaldía de Valledupar para protestar. Exigen que el Gobierno municipal implemente la Ley 2492 de 2025, norma que, según los funcionarios, obliga a ajustar los requisitos, la nomenclatura y la remuneración de estos cargos, además de cerrar brechas históricas en sus condiciones laborales. Argumentan que municipios del Cesar con menos recursos y más categoría cumplen con la ley, pero Valledupar “les está mamando gallo”.
“La razón por la que estamos acá es por el incumplimiento sistemático y la renuencia de parte de la administración municipal para darle implementación o aplicabilidad a una norma que es la Ley 2492 de 2025”, afirmó Frank Alberto Pinto Alfaro, inspector de Policía del corregimiento de Mariangola.
