Carlos García tiene 55 años. Estaba cerca de pensionarse luego de varios años trabajando en el sector de la seguridad. Sin embargo, hace dos meses fue despedido bajo el argumento de que la empresa había perdido algunos contratos.
Desde entonces se dedica a manejar motos en Valledupar. Una situación similar vive Daniel Gutiérrez, a quien no le renovaron el contrato como celador en un conjunto cerrado en febrero de este año. Ahora es domiciliario. A ambos les argumentaron la misma situación: el aumento de los costos laborales a inicios del 2026, a raíz del incremento del salario mínimo en un 23 % y los cambios en las horas nocturnas, incrementó la tarifa de seguridad y obligó a muchas empresas a reducir sus esquemas de vigilancia.
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En Colombia, las tarifas de la seguridad privada están reguladas, como la gasolina, es decir, tienen un precio fijo que es igual para todas las empresas legales. Esa tarifa se calcula en función del salario mínimo y los turnos de 24 horas.
