Escazú, Costa Rica, fue el escenario en el que, en 2018, diversas naciones de América Latina y el Caribe se acogieron al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Según se lee en el documento de Naciones Unidas, los principales objetivos de este acuerdo son “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Colombia –una de las naciones más inseguras para los defensores ambientales, de acuerdo al informe de la ONG Global Witness- se une a la voluntad de ratificar el Acuerdo, junto a otros trece países. En el Cesar, “pese a la corrupción administrativa”, ambientalistas ven con buenos ojos la aplicación de ‘Escazú’.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente, en diálogo con W Radio dijo: “Se da un compromiso y entramos a hacer parte de una convención internacional que nos compromete a una defensa de los defensores ambientales, a darles todas las garantías para que puedan participar en las decisiones públicas que tienen que ver con lo ambiental. Esto significa entregarles la información, que se enteren qué va a pasar en sus territorios y que rindamos cuentas con otros países en América Latina sobre cómo avanzamos en ese proceso de más participación, democracia y defensa de los liderazgos ambientales en el país”.
