Tras 36 años de espera por justicia para tres mamos arhuacos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió a siete exmilitares a su Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por no reconocer su responsabilidad en el secuestro, la tortura, el homicidio y la desaparición de los líderes espirituales. Entre los remitidos figuran antiguos mandos de los batallones La Popa y Guajiros y de la Segunda Brigada.
Las víctimas fueron Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, quienes se dirigían a Bogotá para participar en los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente y defender los derechos de los pueblos étnicos. La Sala de Reconocimiento calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, según informó la JEP este 11 de noviembre.
Según explicó la Jurisdicción, durante el trámite se escuchó a autoridades ancestrales, víctimas y comparecientes, pero los aportes de estos últimos no fueron suficientes. Su “verdad y reconocimiento de responsabilidad resultaron insuficientes. De ahí su remisión a la UIA”, señaló la entidad.
