El 15 de julio caduca la acción sancionatoria sobre cualquiera de los posibles hechos relacionados con la financiación ilegal de Odebrecht en la campaña presidencial de 2014. De no tomarse ningún correctivo en los siguientes tres días se mantendría el manto de impunidad frente a estos hechos, lo que pone de presente, una vez más, la urgencia de realizar una reforma a la institucionalidad electoral.
La declaración realizada por el Fiscal General Néstor Humberto Martínez a la opinión pública el pasado 7 de febrero de 2017 en rueda de prensa, sigue sin tener ninguna consecuencia para las personas y partidos políticos implicados. Pese a las advertencias hechas por la MOE hace unos meses, estamos ad portas de que nuevamente se presente la caducidad de la facultad del Consejo Nacional Electoral –CNE- para imponer sanciones sobre estos hechos, tal como ocurrió en las investigaciones sobre financiación de las presidenciales de 2010.
Para la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios Cabrera, “la falta de alguna decisión demuestra las precariedades del diseño institucional electoral actual y la urgencia que hay en hacer las reformas constitucionales dirigidas a darle independencia, autonomía y capacidad técnica y territorial al máximo órgano electoral”.
