Cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), suscritos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, quedaron bajo la lupa de la Contraloría General de la República. Se trata de contrataciones que suman aproximadamente $20.783 millones y que serán sometidas a una revisión prioritaria por denuncias sobre presuntas fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos en la adquisición de equipos y tecnología.
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La decisión fue impartida por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien ordenó iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal para establecer si los recursos públicos comprometidos en estos negocios fueron administrados conforme a la ley y si las situaciones denunciadas pudieron ocasionar un daño al patrimonio del Estado. Las alertas se conocieron a través de investigaciones periodísticas relacionadas con las compras realizadas por la entidad de inteligencia durante la actual administración.
