La Constitución Política colombiana de 1991 manifiesta que son fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los derechos de las personas y que las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra, bienes y libertades de la población residente en este país.
La lideresa arhuaca Leonor Zalabata participó en la Asamblea Constituyente, que definió este y otros principios, desde el punto de vista de las posibilidades de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Para la actual embajadora de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, “no ha habido un desarrollo real” de los derechos de estas comunidades.
