Colombia hace parte del grupo de países que suscribió el acuerdo de París en el 2015 (COP 21), cuyo objetivo principal es evitar al 2030 el aumento de 2°C de la temperatura del planeta. Para tal fin en materia de mitigación se comprometió a disminuir en un 51 % las emisiones de GEI y en materia de adaptación a aumentar las áreas protegidas para crear nuevos ecosistemas resilientes con base a las mediciones del 2010.
En ese orden de ideas, el Gobierno nacional desarrolló estrategias en el marco del cumplimiento de los compromisos, inicialmente mediante Decreto 298 de 2016, que creó el Sistema Nacional de Cambio Climático –SISCLIMA– para gestionar la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Una de sus funciones fue la consolidación de la política nacional de cambio climático (PNCC) en el año 2017, cuyo objetivo principal es incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que el cambio climático genera.
Teniendo en cuenta lo anterior, le corresponde a cada municipio la implementación de esta política pública a través de un instrumento de planeación territorial. A estos instrumentos se les denomina Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y fueron implementados por la Ley 388 de 1997.
