Ante los hechos recientes de invasiones de tierras en diversas partes del país como en Curumaní en Cesar, Caloto, Guachené y Miranda en el Cauca y, más recientemente, en Huila, Guainía, Urabá antioqueño y el departamento de Atlántico; la Defensoría del Pueblo tildó como una “abierta vulneración” al ordenamiento jurídico colombiano y un desconocimiento de los derechos adquiridos por particulares.
“La Constitución Política dispone, en su artículo 64, que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, con el objetivo de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población rural y campesina. Esto claramente es un mandato para el cierre de brechas sociales y económicas”, dijo Carlos Camargo, defensor del pueblo.
Resaltó además que resulta grave cuando los trabajadores de las fincas invadidas son agredidos y amenazados, como en el caso del Cauca, ya que representan riesgos para los derechos a la vida, libertad, integridad y el trabajo.
