Para garantizar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Gobierno Nacional implementó una estrategia que es un nuevo sistema de alertas tempranas y acciones de protección.
Con este plan, el gobierno pretende reducir el número de asesinatos de líderes sociales que durante 2017 alcanzó una cifra de 70 muertos.
En apoyo a esa directriz, establecida en el Decreto 2124 de 18 de diciembre de 2017, “por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió un documento en la que advierte a municipios como Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Pelaya en el Cesar.
