La Policía Nacional deberá explicar a la Contraloría General de la República las posibles inconsistencias que se habrían dado en un contrato mediante el cual la Dirección de Tránsito y Transporte adquirió por $1.190 millones de pesos equipos de reconocimiento para la seguridad vial (incluyendo drones), que aunque se cancelaron en su totalidad y fueron recibidos a satisfacción no han podido ser utilizados, por fallas en especificaciones técnicas al momento de ponerse en operación.
Así lo verificó el organismo de control en una auditoría que está desarrollando a la Policía Nacional.
La entidad suscribió un contrato de compraventa con la Unión Temporal MNI para la adquisición de los Centros de Comando y Control Móviles con Sistemas de Reconocimiento Remoto para la Seguridad Vial, con el cual se pretendía aumentar la cobertura de control policial y mejorar el tiempo de reacción de la autoridad frente a hechos delictivos o de accidentalidad que afectaran la movilidad.
