Prosperó la acción popular presentada por ocho organizaciones sociales y treinta ciudadanos que consideraba que había “fragilidades” en el procedimiento de evaluación de propuestas y fiscalización de los títulos mineros en el país.
El Consejo de Estado ratificó que el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Minería, ANM, “deberán corregir el déficit de protección al medio ambiente que se evidencia en el ordenamiento minero-ambiental”.
Lo anterior tiene que ver con ajustar dichos títulos a las prohibiciones y restricciones de explotación del subsuelo previstas en las sentencias C-339 de 2002, C-443 de 2009 y C-389 de 2016 de la Corte Constitucional.
