En una decisión de alto impacto para los usuarios de la Costa norte, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenaron al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) culminar las actuaciones administrativas para modificar las fórmulas tarifarias y revisar las pérdidas de energía reconocidas que se cobran en las facturas de la región Caribe.
La providencia judicial da cumplimiento a lo resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de una acción popular interpuesta en 2022 por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha. El propósito central del fallo es desmontar las distorsiones del régimen tarifario especial y fijar un precio justo para el servicio eléctrico.
“Ordenar al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG que continúen y culminen las actuaciones administrativas correspondientes, acorde con la normatividad vigente, a fin de modificar las fórmulas tarifarias que contribuyan a la reducción y establecimiento de un precio justo para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe”, señala la orden judicial.
