Por consenso, la Comisión conformada en noviembre del año pasado recomendó la realización de proyectos de exploración, pero con la licencia social.
Exactamente el texto reseña que “se puede avanzar con los proyectos pilotos de investigación en las condiciones señaladas. Las principales recomendaciones tienen que ver con acciones que debe tomar el Estado: transparencia e información, desarrollo de capacidades institucionales, efectiva participación ciudadana y aprobación de actividades por comunidades locales”.
El último punto de licencia social, después de varias visitas a las comunidades donde se podrían ejecutar estos proyectos, los expertos concluyeron que el fracking no tiene licencia social en Colombia. Esta conclusión la explicaron en tres puntos. Primero, la desconfianza de las comunidades hacia los efectos negativos no compensados de la actividad petrolera; segundo, la falta de información desde las entidades gubernamentales; y tercero, la falta del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.
