El Gobierno nacional y sus diferentes funcionarios han referido una “actualización” o “reforma” al Código de Minas colombiano, es decir, la Ley 685 de 2001.
Este código regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares por causa de los trabajos y obras de la industria minera.
La norma dice que esa regularización debe darse tanto en las fases de exploración, construcción y montaje, como en las de explotación, “beneficio”, transformación, transporte y “promoción” de los minerales que se encuentren en el suelo o subsuelo.
