Con la excusa de no tener un techo digno para vivir, miles de personas ocuparon en los últimos años distintos predios privados en Valledupar y ocasionando el nacimiento de Enmanuel, Tierra Prometida, Los Guasimales, Brisas de La Popa, entre otras invasiones.
Eso generó que más de 10.000 personas, entre víctimas del conflicto armado y afectadas por otro tipo de situaciones, solicitaran ayuda al Gobierno para conseguir una vivienda digna. El 16 de abril de 2013, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela interpuesta por Nelly María Carrillo y otros, contra Acción Social, el Departamento del Cesar y el Municipio de Valledupar, que pedía respetar los derechos a un grupo de invasores de un predio ubicado al noroccidente de esta capital, propiedad de Alberto Pimienta Cotes, quien había ganado una acción judicial que conminó a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del Cesar, a darle una solución esos problemas de vivienda.
La tutela fue instaurada por la falta del cumplimiento de la sentencia T-946 de 2011, que fue proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional en la que se resolvió: “ordenar al Alcalde de Valledupar que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del presente auto, diseñe y remita a la Sala un plan específico en el que se indique las acciones y procedimientos que se adoptarán para reubicar y garantizar el derecho a la vivienda digna de las personas asentadas en el predio La Sabana I”.
