Para darle cumplimiento a órdenes judiciales en contra del entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras comenzó a entregar subsidios para compra de tierra, gastos notariales y proyectos productivos en los departamentos de Arauca, Cundinamarca, Sucre, La Guajira, Cesar y Santander.
La inversión es por el orden de los $7.286 millones, para beneficiar a 120 familias, una de ellas ubicada en el municipio de Tamalameque, centro del Cesar.
Según la Agencia Nacional de Tierras, que comenzó a regir por el Incoder, en las sentencias se le ordenaba a la liquidada entidad la reubicación de familias campesinas tras la irregular entrega (por parte del mismo Incoder) de predios que no cumplían con las condiciones necesarias o suficientes para garantizar la explotación agropecuaria.
