La semana pasada, el Ministerio de Agricultura informó sobre el hallazgo de un brote de aftosa en San Diego, Cesar.

Una de las medidas implementadas en el marco de ese plan de acción, además del fortalecimiento de las acciones de inspección y control, y un segundo ciclo de vacunación contra el virus, fue la disposición de 14 puestos de control de la Policía Nacional en toda la zona perifocal declarada en cuarentena, según informó el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, mayor Miguel Ángel Mercado.

“En conjunto: Ejército, ICA y Policía, estamos trabajando para hacer cumplir la normatividad que salió con respecto a la movilización de ganado, y también estamos verificando los predios donde nos han llegado denuncias de contrabando de ganado venezolano”, dijo el mayor Mercado.

Sin embargo, según los mismos ganaderos, la situación es más compleja y obedece a un rosario de hechos que les hacen pensar que detrás del diagnóstico de aftosa, hay otros intereses.

Antecedentes sangrientos

Dos graves antecedentes fueron denunciados por miembros del Comité de Seguimiento del departamento del Cesar, una organización creada por un colectivo de ganaderos que, motivados por la inseguridad, se dispusieron a servir de voceros e interlocutores de los productores agropecuarios ante las autoridades, civiles, militares, judiciales y de policía, para coordinar las acciones necesarias que contribuyan a disminuir los índices de inseguridad en el campo.

El primer antecedente corresponde a la advertencia que el colectivo de ganaderos habría hecho a través de una misiva enviada a dependencias como el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita; el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía; el comandante de la Décima Brigada, general Jaime Rivera; y la directora general de Fiscalías, María Esther Aguilar, entre otras autoridades.

En la carta que jamás tuvo respuesta por parte de ninguna autoridad, los ganaderos denunciaron el peligro que corría un ganadero del corregimiento de Mariangola, identificado como Tomás Alfonso Salas, quien venía denunciando robos sistemáticos en su predio y la región.

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Ante la desatención de las autoridades, el hombre de 35 años fue abordado por individuos encapuchados que le hicieron detenerse mientras se movilizaba en su moto, y, sin mediar palabra lo asesinaron con arma de fuego; según versiones entregadas por su pareja sentimental, quien al momento de los hechos, le acompañaba.

Además, los ganaderos aseguraron que en abril pasado denunciaron el hecho de que no se conocían acciones por parte de las autoridades intervinientes en el control y prevención de contrabando de ganado, advirtiendo además que eso podría terminar en brotes de aftosa, como en efecto sucedió: se detectó aftosa en una finca en San Diego y el origen de la cepa es venezolano.

“El ICA vende las guías de movilización”

Aunque el comandante de la Polfa, mayor Miguel Ángel Mercado, asegura que en los últimos días no se han presentado irregularidades en las principales vías de la zona de cuarentena conformada por los municipios de La Paz, San Diego y Codazzi, “porque el ICA no está expidiendo permisos sanitarios de movilización”, este martes los ganaderos reunidos en asamblea confrontaron esa versión.

Durante una reunión convocada por la Secretaría de Agricultura Departamental, y en la que estuvieron presentes la dirección del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; la Federación de Ganaderos del Cesar, Fegacesar; los alcaldes de los municipios de Codazzi y San Diego, Luis Peñalosa y Elvia Milena Sanjuan, respectivamente; y cerca de cien ganaderos de la región, estos últimos hicieron fuertes cuestionamientos a la institucionalidad.

“Todo el mundo sabe que el ICA otorga guías sanitarias de movilización de reses a personas que transportan animales de dudosa procedencia”, señaló visiblemente afectado Javier Arzuaga, propietario del predio foco del virus de aftosa, quien aseguró que el ICA comercializa las guías para transportar ganado de La Guajira al Cesar.

Entre otras denuncias que salieron a la luz durante la asamblea, Arzuaga señaló que el formato de los resultados de laboratorio estaban rotulados como si correspondieran a Boyacá, donde antes se había alertado sobre el brote de aftosa.

“Además, tengo videos que demuestran que mis reses no tienen ninguna señal de padecer aftosa, ni llagas en la lengua, ni en el hocico, ni en las pezuñas, ni nada”, indicó el ganadero.

ICA se niega a repetir procedimiento de laboratorio

“Nosotros no vamos a tomar nuevas muestras, nosotros tenemos ya el resultado del diagnóstico del virus y tenemos todas las pruebas que se efectuaron”. Así respondió Deyanira Barrero León, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), cuando el alcalde del municipio de Codazzi, Luis Vladimir Peñalosa, en calidad de mediador, solicitó a la funcionaria un contramuestreo para despejar las dudas sobre una posible equivocación en el diagnóstico del virus en el Cesar.

Enfatizó Barrera León en que todo estaba listo para el sacrificio del ganado, que está programado para mañana.

En cuanto al hecho de que los certificados del diagnóstico del virus correspondieran al departamento de Boyacá, aseguró que esto puede obedecer a que “seguramente los encargados de dar los resultados llenaron la información sobre el formato previamente utilizado para el caso de Boyacá”.

Entre las inconformidades manifestadas por los ganaderos está el hecho de que sacrifiquen el ganado sin tener claridad sobre la posibilidad de la presencia de aftosa.

Vehículos del ICA sin certificado tecnomecánico

Al indagar en los municipios de La Paz y San Diego sobre las actividades de inspección y control que se deben estar adelantando para afrontar la cuarentena en la zona, en ambas municipalidades los cuestionados coincidieron en afirmar que estas actividades se adelantan con funcionarios de las administraciones municipales, pues la presencia del Instituto Colombiano Agropecuario ha sido poca o nula.

EL PILÓN conoció que esto puede deberse al hecho de que los vehículos con los que la institución debiera realizar las inspecciones en todo el territorio cesarense no cuentan con el certificado de revisión tecnomecánica.

Al consultarle al director de la entidad en el Cesar, Rafael Murgas Arzuaga, este respondió que algunos vehículos no cuentan con el certificado y que en otros está por vencerse, pero que la situación está controlada con apoyo de personal de otros departamentos del país.

“En estos momentos contamos con el apoyo de personal, inclusive, del Chocó; tenemos 25 médicos veterinarios y 15 técnicos. Los alcaldes de Codazzi y San Diego también han ofrecido su apoyo con personal para enfrentar la situación”, arguyó Murgas Arzuaga.