El exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, nuevamente afrontará un juicio, esta vez, por el presunto detrimento patrimonial que generó en un contrato de educación durante su administración pública en el año 2019. 

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La Fiscalía formuló acusación al exmandatario por los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en una audiencia celebrada en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento de la ciudad. 

Junto al mandatario también serán llevados a juicio sus exsecretarios de Educación y General, Luis Carlos Matute de la Rosa y José Juan Lechuga Zambrano, respectivamente, por los mismos delitos. 

La investigación surgió de un contrato que, por delegación del exalcalde, suscribió el exsecretario General, José Juan Lechuga, con la empresa Corporación de Desarrollo Social Creciendo, representada por Carlos Daniel Trespalacios Carreño, cuyo objeto fue la prestación de servicios para la formación a estudiantes de grado 11 con el fin de fortalecer la orientación vocacional y técnica para un mejor desempeño en entrevistas de admisión en las instituciones de educación superior en el país. 

No obstante, durante la ejecución del contrato proyectado a beneficiar 3.832 estudiantes en los 42 colegios públicos se habrían presentado diversas irregularidades que violaron los principios de transparencia y planeación en la administración pública. 

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Una de estas se habría evidenciado en el proceso de selección abreviada de menor cuantía en la que la administración estableció en el pliego de condiciones una experiencia general y específica que habría limitado la participación de proponentes para ejecutar el contrato. 

 “La exigencia específica desconoce aún más el principio de transparencia y objetividad por cuanto desborda el test de proporcionalidad entre lo que se necesita y lo solicitado en el pliego de condiciones, y dada la premura de la realización de la contratación, es evidente que dicho requisito resultaba cercenante para la comunidad interesada en la participación de la contratación, tanto es así, que se presentaron observaciones de proponentes a este tipo de circunstancias, no obstante, sólo terminó presentándose un solo proponente que fue el favorecido y contratante”, manifestó el representante del ente acusador. 

Explicó, además, que después el contrato lo asumió César Augusto González Armenta, quien era un subcontratista, y se presentó un derroche de dinero del erario. 

Por ejemplo, por el alquiler de cuatro video beams por 320 horas pagaron $32.000.000, es decir a $100.000 la hora; por el alquiler de cuatro computadores portátiles por 320 horas pagaron $40.000.000, es decir $125.000 la hora, y por el alquiler de cuatro amplificadores de sonido por 320 horas pagaron $44.800.000, que corresponden a $140.000 la hora. 

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Según la Fiscalía, la ejecución del contrato se llevó a cabo los días 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18 y 22 de noviembre de 2019, por tanto, no duró los 30 días como se dijo en los informes presentados por el contratista. 

LOS CONTRATISTAS 

En consecuencia, también llevarán a juicio a los contratistas Carlos Daniel Trespalacios Carreño y César González Armenta por los delitos de falsedad en documento privado, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en calidad de interviniente y peculado por apropiación también en calidad de interviniente.