Ante la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía solicitó que el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fuera condenado en el marco del proceso en su contra por presuntamente orquestar actos de corrupción en las elecciones del año 2011 en algunas invasiones de Valledupar.

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El fiscal tercero delegado ante la corte, Jaime Camacho Flórez, fijó su posición en la finalización de la etapa probatoria que se llevó a cabo este miércoles.

“El candidato Monsalvo Gnecco en la campaña de 2011 visitó la invasión conocida con el nombre de Tierra Prometida, luego de esto firmó un documento el 16 de octubre con los líderes de dicha invasión en la cual se pactaron las obligaciones tanto del candidato como de la comunidad. En el documento que fue autenticado, Monsalvo se comprometió a dejarlos quieto y pasivamente en el inmueble ocupado por ellos e igualmente a incluirlos en los proyectos de vivienda digna señalados en su programa de gobierno a cambio los líderes de Tierra Prometida se comprometieron de manera unánime con los votos de todos aquellos que podían sufragar”, dijo el representante del ente acusador.

Para demostrar su teoría del caso, la Fiscalía presentó unos 13 elementos materiales probatorios entre los que se encuentran evidencias físicas y los testimonios de Mauricio Pimienta, Martha Figueroa y Orlando Granados, el exalcalde Freddy Socarrás, entre otros.

Precisamente en la vista pública la Fiscalía recordó que este último testimonio del exmandatario de los vallenatos presuntamente dejó evidenciado “que todos en la ciudad sabían que Monsalvo tenía que cumplir con los invasores los compromisos de la campaña”.

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Según la investigación en total fueron tres los documentos que realizó el gobernador cuando era candidato: uno con los invasores de Tierra Prometida, uno con la invasión Emmanuel y finalmente otro con la población de Guasimales.

“Debe concluirse que una dádiva es cualquier tipo de beneficio que se entregue directa o indirectamente a una persona en este caso al elector”, enfatizó el fiscal.

A su vez la Procuraduría y el abogado Evaristo Rodríguez Felizzola, representante de la víctima, el mayor Alberto Pimienta Cotes, también solicitaron a la alta corte que el mandatario de los cesarenses fuera declarado culpable.

Rodríguez Felizzola por su parte argumentó que los escritos eran contundentes y reflejaron de manera concreta los pactos que realizó el gobernador sobre mantener una situación ilegal como los son las invasiones.

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Finalmente, el abogado defensor Alejandro Sánchez, durante el debate probatorio también presentó varios testimonios y pruebas documentales para demostrar la presunta inocencia del gobernador. 

Al término de la audiencia la corte decidió fijar para el próximo 14 de julio el sentido de fallo, acto en el que se pronunciará en primera instancia si considera culpable o no al gobernador de los hechos investigados.