A doce días de haberse registrado los crímenes de los líderes sociales Teófilo Acuña y Jorge Tafur, en el municipio de San Martín, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Fidh, solicitó la intervención urgente del Estado en el país y la protección de los defensores sociales asentados en el sur del departamento del Cesar. 

La organización consideró que es necesario adoptar de manera inmediata medidas para garantizar la seguridad, integridad física y psicológica de las comunidades defensoras de los derechos en esta parte del territorio nacional. 

“Se solicita poner fin a todo tipo de amenazas, agresiones, actos de hostigamiento, criminalización, y asegurar garantías para todas las personas defensoras de derechos humanos en el departamento del Cesar y en Colombia”, indicó la Fidh. 

Esto debido a que en San Martín existe una disputa por un complejo cenagoso entre los campesinos y terratenientes de la zona. La lucha de los labriegos era representada por los líderes sociales asesinados, quienes buscaban proteger unos playones que hacen parte de la cuenca baja del río Lebrija, el cual incluye esa área del Cesar.  

Sin embargo, el hijo de un hacendado identificado como Wilmer Díaz dice que su familia es dueña de los terrenos, la situación generó en el mes de enero una confrontación con los habitantes de la zona. El incidente entre campesinos y terratenientes quedó grabado en un video de cámara de teléfono celular revelado por el portal Verdad Abierta. 

De la fuerte discusión fueron testigos los miembros de la Policía Nacional. Además, fue la antesala para que entre las dos partes se originara otro inconveniente en que el ciudadano Rafael Centeno resultó lesionado.

Por eso, la Comisión de Interlocución Del Sur De Bolívar, Norte y Sur del Cesar, CISBSC, había denunciado amenazas en contra de sus miembros, entre esos Teófilo Acuña y Jorge Tafur. 

Los predios en disputa corresponden a Las Flores, ubicado en el corregimiento de Terraplén; El Reposo, en el corregimiento de Puerto Oculto, ambas áreas rurales del municipio de San Martín, sur del Cesar. 

Dentro del pleito, el hacendado interpuso acciones de tutelas en contra de la Alcaldía Municipal para que realizara un desalojo, la acción fue frenada por vías legales mediante la defensa de los habitantes.  

Aunque las autoridades todavía no arrojan los primeros resultados de la investigación de la muerte de los voceros sociales, las organizaciones consideran que los homicidios se relacionan a sus funciones de activistas. 

“Por la insistencia de Teo y Jorge para denunciar esta realidad y los responsables directos en este conflicto, así como su capacidad de liderazgo social, el Estado ha decidido asesinarlos”, denunció el movimiento Coordinador Nacional Agrario, CNA. 

LAS CIFRAS

Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en lo corrido del año han sido asesinados 33 líderes y personas defensoras de los derechos humanos. Asimismo, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, han acabado con la vida de 1.319 líderes sociales. 

“[El] Observatorio exhorta las autoridades competentes a poner fin a la impunidad sobre los asesinatos de personas defensoras y a implementar de manera efectiva las medidas incluidas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016, con el fin de establecer garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y planes de desarrollo territorial sostenible”, puntualizó la fundación internacional.