El Cesar es uno de los departamentos más afectados por las desapariciones forzadas durante el conflicto armado y social colombiano. 

Este fenómeno es descrito por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como una violación del derecho a la vida que sustrae a la persona de su medio social y familiar. 

Se trata de una práctica sistematizada perpetrada por la fuerza pública y por los grupos paramilitares, como lo determinaron los tribunales de Justicia y Paz entre 1999 y 2006. 

CIFRAS EN CESAR 

La cifra del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, es de 3.755 casos entre los años 1958 y 2016 en este territorio del norte del país. 

Es decir, casi 4 mil personas fueron arrebatadas de sus hogares por grupos al margen de la ley, “y muchos de sus dolientes no conocen qué pasó con ellas porque los responsables no dan cuenta de lo sucedido, ocultan su destino”, según la Comisión. 

Por eso, el año pasado instituciones como  el Sistema Integral para La Paz, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, alcaldías y Gobernación, entre otras, se reunieron para establecer acciones para prevenir la repetición de este tipo de hechos.  

Además, este año EL PILÓN reportó que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, priorizó las indagaciones sobre diversos casos del Cesar. 

Exactamente en municipios como  Valledupar, La Paz, Manaure, Pueblo Bello y San Diego. 

No obstante, en junio pasado se realizaron labores de búsqueda en el cementerio alterno del municipio de El Copey con el fin de encontrar los restos de las víctimas por ‘falsos positivos’. 

Como son los casos de Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, quienes habrían sido asesinados por militares del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa, de Valledupar, de acuerdo con archivos de prensa de esta casa editorial.  

PARTICIPACIÓN DE AGENTES DEL ESTADO 

“En los casos de desapariciones forzadas donde se da la participación de agentes del Estado o de grupos con su aquiescencia, como los grupos paramilitares, al desconocimiento del destino se une el ocultamiento de la realidad o de las pruebas”, añade el Informe Final. 

El órgano de paz relata que los armados recibían indicaciones de que había que tratar de desaparecer a las personas, “porque los cuerpos que podían verse en calles o caminos llamaban mucho la atención y era conveniente ocultarlos”. 

En el caso de las guerrillas, el documento señala que muchos de los desaparecidos lo han sido tras ser reclutados, o personas secuestradas que murieron durante su cautividad, o que fueron asesinadas. 

Entre tanto, la Comisión ha hecho un llamado de atención para “superar la fragmentación y la falta de coordinación de las instituciones”, porque considera que a medida que pasa el tiempo también aumenta la dificultad para hallar a quienes están ausentes.