El despilfarro del erario público e inconsistencias sobre la ejecución de un contrato educativo tiene sobre las cuerdas jurídicas al exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, señalado por la Fiscalía de orquestar un detrimento patrimonial en un contrato encaminado a fortalecer la educación de 3.832 estudiantes en los 42 colegios públicos de Valledupar. 

El exmandatario fue imputado por los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, junto con sus exsecretarios de Educación y General, Luis Carlos Matute de la Rosa y José Juan Lechuga Zambrano, respectivamente. 

De igual manera, ellos fueron procesados con los contratistas Carlos Daniel Trespalacios Carreño y César González Armenta, imputados por los delitos de falsedad en documento privado, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en calidad de interviniente y peculado por apropiación agravado. Ninguno aceptó cargos.

El contrato cuestionado es uno de prestación de servicio que el exmandatario suscribió en el año 2019 con la empresa Corporación de Desarrollo Social, Creciendo, representada legalmente por Carlos Daniel Trespalacios Carreño. Este tenía como objetivo fortalecer la orientación vocacional profesional y técnicas en los estudiantes del grado 11 para mejorar el desempeño de admisión en las instituciones de educación superior. Además, fue firmado por valor de $592.375.000 y sería supervisado por el exsecretario de Educación, Luis Carlos Matute de la Rosa. 

‘LAS IRREGULARIDADES’

No obstante, el contrato durante su planeación, ejecución y finalización presentó irregularidades, violando los principios de transparencia en la administración pública. 

En la planeación, por ejemplo, no tuvieron en cuenta el calendario escolar, por lo que algunos colegios ni siquiera fueron beneficiados. Sin embargo, lo más llamativo para el ente investigador fue las exorbitantes sumas de dinero que los exfuncionarios gastaron para implementar el contrato. 

La entidad contratada para desarrollar el objetivo debía suministrar el personal y herramientas de trabajo, entre otros. Pero “la dirección del proyecto fue asumida por el particular César Augusto González Armenta, quien al parecer era subcontratista de la entidad contratada”, según explicó la Fiscalía. 

Así las cosas, por el alquiler de cuatro video beams por 320 horas pagaron $32.000.000, es decir a $100.000 la hora; por el alquiler de cuatro computadores portátiles por 320 horas pagaron $40.000.000, es decir $125.000 la hora, y por el alquiler de cuatro amplificadores de sonido por 320 horas pagaron $44.800.000, que corresponden a $140.000 la hora. 

“La adquisición de ese servicio se hizo con la empresa Sistemas Integrados del Cesar, SIC, … representada legalmente por el señor Carlos Alberto González Armenta, empresa cuya última renovación (mercantil) fue el 29 de octubre de 2007 y a partir del 12 de julio de 2015 la matrícula estaba cancelada, es decir que se le pagó $116.800.000 a una empresa que no existe”, acotó Johan Ustáriz, fiscal 12 seccional. 

A pesar de que la proyección del contrato era por 45 días, solamente fue aplicado durante 8 días, es decir, ni siquiera los 30 días que sustentaron.

“Obviamente no capacitaron 320 horas y por lo tanto no les era dable cobrarle al municipio $116.800.000 por las ayudas audiovisuales como en efecto lo hicieron, además, el estudio de mercado, da cuenta que el costo de alquiler de portátil con video beams, se estima en $80.000 por día”, agregó Ustáriz.

El contratista Carlos Daniel Trespalacios Carreño, por su parte, presentó cobro de 10 pendones por $3.706.000, puesto que cada unidad la avaluó en $370.600. 

HONORARIOS 

Según la Fiscalía, en los planes estaba establecido contratar a 320 profesionales, pero el pago en esta categoría sólo se concentró en cuatro personas a las que a cada una les pagaron en total $62.000.000 por 80 horas de trabajo. Los beneficiados son: las psicólogas Irina Liceth Palacio Paternina y Sara Inés Daza Portillo, así como los comunicadores sociales José Urbano Céspedes García y Natalie Romero Portillo. 

“A Irina Palacio le fue asignado el cargo de Coordinadora Social al igual que al señor José Urbano Céspedes, cargo que tiene una asignación de honorarios de $4.650.000. es decir que estos dos ciudadanos, por ser coordinadores, debieron recibir esa suma de dinero”, explicó el representante del ente.

No obstante, la psicóloga Irina Palacios dijo no haber recibido esa cantidad de dinero que reportaron. Asimismo, las pocas capacitaciones las terminaron dando las personas contratadas para apoyo logístico y el personal de auxiliar administrativo.

Hasta el cierre de esta edición realizaban la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de Conocimiento de Valledupar.

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN 

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