Un total de 1.542 millones 375 mil 306 pesos habría sido el detrimento patrimonial que presuntamente ocasionó el negocio de compraventa que realizó el exalcalde de Valledupar, Fredys Miguel Socarrás Reales, sobre unos lotes del Parque Industrial de la ciudad cuando fungió como mandatario durante el periodo 2012-2015.
Así quedó detallado, en la mañana de ayer, en una audiencia de formulación de acusación que la Fiscalía cinco seccional realizó en contra del exalcalde y de los ciudadanos Rosiris Elena Robles Martínez y Eduardo José Ustáriz Aramendi, acusados de participar en el acto de corrupción.
Lee también: Radican acusación contra exalcade Socarrás por lio de lotes en Parque Industrial
Según el organismo investigador, Socarrás Reales en el año 2015 con la autorización del Concejo de la capital del Cesar colocó en venta siete lotes que hacían parte del Parque Industrial, los cuales, fueron cedidos a un precio ‘inferior’ a su valor.
“De acuerdo al avalúo realizado por el perito (de la Fiscalía) frente al avalúo realizado por la administración municipal a través de la lonja se tiene lo siguiente: que el valor total de los siete lotes, más el de la construcción, de acuerdo a la Fiscalía es de 2 mil 729 millones 846 pesos frente al valor de venta dado por la alcaldía que fue de 1.187 millones 445 mil 540 pesos para una diferencia en desfavor del municipio de 1.542 millones 375 mil 306 pesos”, manifestó el fiscal del caso.
El exmandatario para realizar el negocio ordenó mediante resolución del 22 de junio de 2015 dar apertura a un proceso de selección abreviada para la venta de los inmuebles por subastas públicas, en la cual la única proponente resultó ser la ciudadana Robles Martínez.
Te puede interesar: Supuesta amante de Martín Elías contó detalles de su relación
En su propuesta, según la investigación, fijó pagar 1.187 millones 445.540 pesos por cinco lotes, otro por valor de 166 millones 457 mil 500 pesos y el último por 415 millones 988 mil 040 pesos, proposición que fue aceptada y vendida.
EL AVALÚO DE LA ALCALDÍA
Para llegar a la conclusión de que ese era un precio justo, la administración municipal habría mandado a realizar una estimación de los predios urbanos el 6 de mayo de 2015 cuyo perito fue Eduardo José Ustáriz Aramendi, quien utilizó como referencia el valor del metro cuadrado en algunos lotes del mismo sector que fueron vendidos en el año pasado, es decir en el 2014, promediando así que cada metro cuadrado costaba 125 mil pesos.
“No existe una sola evidencia documentada en la carpeta contractual que acredite o respalde lo meramente enunciado por el evaluador sobre las indagaciones realizadas, no reposan constancias, certificaciones, copias de contratos de ventas, escrituras públicas o álbumes fotográficos, entrevistas a propietarios, que corroboren las supuestas ventas y los referidos valores, a pesar de ello se calculó los metros cuadrados de los lotes que fueron objeto de enajenación de la Alcaldía de Valledupar”, acotó el fiscal.
No dejes de leer: El revés de Socarrás en proceso por cambiazo de lotes
Otra irregularidad fue que no encontraron constancia sobre cómo se negoció el servicio que prestó el perito a la administración municipal, además esta última nunca acudió a la asesoría del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igag).
“Nótese como se incumplió de forma consciente…los deberes de dedicación además de contratar con el dominio funcional del hecho, pues el señor alcalde en la época, el señor Fredy Socarrás, junto con Eduardo Ustáriz y la compradora Rosiris Elena Robles acordaron la emisión de un avalúo de los lotes a subastar por debajo del justo precio conforme a la ley y las reglas de mercado en perjuicio de los intereses de la entidad territorial y a favor de sus propios intereses”, dijo el ente.
Lee también: Las medidas en el Cesar por el paro armado del ELN
Es así que a Fredys Miguel Socarrás Reales junto con Rosiris Elena Robles y Eduardo José Ustáriz Aramendi, la Fiscalía los acusó del delito de peculado por apropiación agravado, en la audiencia celebrada ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento.
Con la diferencia de que el primero deberá responder en calidad de autor y los demás de interviniente.
El despacho judicial programó que la próxima diligencia preparatoria fuera el 13 de mayo del presente año.