El exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, se declaró inocente en la mañana de ayer de los cargos endilgados por la Fiscalía 12 seccional, que lo acusó, en el marco de la continuación de las audiencias preliminares, de originar junto con dos personas más un millonario desfalco en la Alcaldía de Codazzi con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En la vista pública, Quintero Mendoza y el exsecretario de Educación, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, no aceptaron los cargos por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideología en documento público y peculado por apropiación.

La misma decisión tomó la contratista Linda Xiomara Navarro Hernández, a quien le fueron imputados los mismos delitos pero en calidad de coautora interviniente, esto teniendo en cuenta que era representante legal del Consorcio Alimentación Escolar 2015.

Los hechos en que la Fiscalía basó su imputación se deben a dos convenios para la alimentación escolar celebrados por el exmandatario el 30 de enero y el 15 de junio del año 2015 que presuntamente tenían irregularidades.
Según la investigación, los tres serían responsables de un detrimento patrimonial de más de 340 millones de pesos por la manipulación de los precios en las raciones de comida que eran entregados a los niños.

El fiscal indicó que el plato de comida estaba pactado por 2.500 pesos y que posteriormente se conoció por parte de la suscripción del convenio que hizo la gobernación que el valor establecido referente era inferior.

Los sobrecostos presuntamente se presentaron en varios aspectos del contrato, por lo que no se habrían tenido en cuenta un análisis de los precios en el mercado por falta de planeación y ejecución. Además que la cantidad de la población beneficiada no era la misma en la estipulada en los contratos de alimentación escolar.

Para esto, el ente acusador revisó la ejecución del Convenio 001 del 30 de enero de 2015, que suscribió el municipio de Agustín Codazzi con la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir, por valor de $418 millones. Además del otro de prestación de servicio nro. 002 del 5 de junio del 2015, pactado por un valor de $1.226.177.920.

El sustento que tuvo el fiscal para la investigación data de la denuncia estipulada por la Contraloría General de la República a través de una auditoría especial que revisó el convenio de cooperación y el contrato de suministro.

Este ente de control anteriormente halló sobrecostos en la ejecución del contrato a consecuencia de que supuestamente el municipio de Agustín Codazzi realizó un estudio de mercado deficiente que adoleció de una estructuración del precio de las raciones, así como de un serio estudio comparativo y estructuración de costos, pues no señaló de donde salían los valores para estipular el valor final de la ración. “Como consecuencia de lo anterior, la administración pagó de más al contratar la ración alimentaria por un valor mayor a los estipulados por el Ministerio de Educación Nacional, e incluso por encima de lo contratado y pagado por la Gobernación del departamento del Cesar, en iguales condiciones de tiempo, modo y lugar”, dijo en su momento la Contraloría al denunciar los hechos.

Con base en esto la Fiscalía 12 seccional pidió que tanto el exalcalde y exsecretario de Educación fueran enviados a prisión como medida de aseguramiento, mientras que la contratista fuera cobijada con detención domiciliaria.

Esta decisión está en manos del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de garantías de Valledupar, el cual suspendió la diligencia para continuarla en la mañana de hoy.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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