El exalcalde del municipio de Becerril, Juan Francisco Rojas Hinojosa, fue judicializado por presuntas irregularidades en el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La obra por la que respondió ante las autoridades inició en enero del año 2017 y, tras más de 60 meses suspendida, permanece inconclusa e inoperante, según la investigación. 

Entre los investigados se encuentran la exsecretaria de Obras Públicas, Isabel Cristina León Peñaranda, y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira, quienes fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Aunque los acusados no aceptaron los cargos, las pruebas presentadas por la Fiscalía señalan irregularidades graves en la contratación y ejecución del proyecto.  

En las audiencias se reveló que el contrato, adjudicado tiene un valor cercano a los $4.000 millones de pesos y tenía como objetivo instalar el sistema de alcantarillado en varios sectores del casco urbano de Becerril. Sin embargo, las investigaciones revelaron que, solo el 75% de la red de tuberías fue instalada pese a que se pagaron más de $1.449 millones de pesos por un cambio total de tuberías. Dicho accionar causó un detrimento patrimonial de más de $269 millones de pesos. 

Adicionalmente se conoció que por la obra se realizaron pagos por 142 millones de pesos por excavaciones que no fueron ejecutadas. En total, se habrían entregado 411 millones de pesos al contratista por actividades no ejecutadas.  

Por otro lado, se conoció que el proyecto presenta múltiples incumplimientos en los estándares del Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Dichas inconsistencias se basan en “la falta de trámites ante empresas de servicios públicos para operar la estación de bombeo, ausencia de elementos esenciales como líneas de conexión eléctrica, pozos de inspección y conexiones domiciliarias”.  

La suspensión de la obra y las irregularidades detectadas han dejado a la población de Becerril sin un sistema de alcantarillado funcional, afectando la calidad de vida de los habitantes además del daño económico en las arcas del Estado.