En la Asamblea Departamental del Cesar se realizó un debate de control político el jueves 11 de septiembre para analizar la crítica situación financiera y operativa que atraviesan las clínicas y hospitales del departamento. La sesión, convocada por iniciativa de los diputados Claudia Margarita Zuleta, María Cecilia Mesa Ochoa y Jesús Suárez, reunió a los principales prestadores de servicios de salud, aseguradores y representantes del gobierno, quienes dieron un panorama detallado y emotivo de la crisis que afecta la atención médica a los cesarenses.
La gerente de la Clínica del Cesar, Lina Lima, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas al describir la realidad que enfrentan: “No podemos seguir hablando de una crisis cuando ya no es decisión de las clínicas suspender el servicio por impagos, la decisión es suspender por no tener con qué pagar. No hay cómo”. Su intervención fue un momento clave que evidenció el drama humano y profesional tras las cifras y trámites administrativos.
Un sistema en constante evolución con logros y retos
La diputada Claudia Margarita Zuleta abrió el debate resaltando los logros del sistema de salud colombiano y regional pese a sus dificultades, como la cobertura de aseguramiento que supera el 98 % en Colombia y que en el Cesar tres de cada cuatro personas están afiliadas al régimen subsidiado. Destacó además los avances en equidad y solidaridad en la prestación del servicio público de salud, aunque reconoció que el sistema enfrenta una crisis presupuestal y operativa severa que perjudica a prestadores y usuarios.
En su intervención, Zuleta señaló problemas claves para la crisis, entre ellos “la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la ralentización en los giros de recursos y el uso inadecuado de estos fondos, como la utilización de recursos de la UPC para fines distintos a los calculados en el Plan de Beneficios”. Además, mencionó la delicada situación de las EPS intervenidas por el Estado, donde se concentra la mayor cartera vencida y déficit financiero.
Impacto real en las instituciones de salud
La gerente de la Clínica Santa Elena del Valle, Sandra Rincón, alertó sobre la falta de liquidez que acaba con la estabilidad de clínicas y hospitales, explicando que “solo se recibe entre el 24 % y el 35 % de la facturación presentada en el flujo de caja, lo que nos obliga al cierre de camas y unidades médicas” y agregó que “no se puede sostener este sistema donde las conciliaciones no llegan a acuerdos efectivos”.
Por su parte, Marta Socarrás, del Instituto Cardiovascular del Cesar, explicó que el aumento exponencial en la demanda de servicios, especialmente en urgencias, no se acompaña de recursos ni infraestructura suficientes. Reportó un incremento de pacientes que pasó de 600 a 1600 ingresos mensuales en urgencias, con espacios improvisados, como sillas para atender a pacientes por falta de camas disponibles.
El Hospital Regional José David Padilla Villafañe, representado por la doctora María Teresa, reconoció avances de la Secretaría de Salud para apoyar a la institución, pero admitió que no son suficientes para enfrentar la crisis estructural que demanda un fortalecimiento del primer nivel de atención y más coordinación interinstitucional.
Crisis estructural, necesidad de reforma y unión
El doctor José Liñán, gerente del Hospital Rosario Pumarejo, argumentó que la ley 100, base del sistema actual, ha mostrado limitaciones graves para sostener una atención adecuada en el contexto colombiano. Planteó que se debe trabajar en una reforma que contemple las circunstancias regionales y la complejidad del sistema, además de proponer una organización conjunta de prestadores para gestionar cobros, glosas y tarifas que hoy están asfixiando a las instituciones.
Lina Lima, tras describir la precaria situación financiera de su institución y el abandono de especialistas por impagos prolongados, hizo un llamado urgente para dejar de lado las diferencias y unir esfuerzos. “No podemos seguir hablando de una crisis, esto ya es un colapso. No hay con qué pagar a los empleados ni a los especialistas, y los proveedores están esperando miles de millones. Esto duele porque es la realidad que enfrentamos”. Su intervención con lágrimas puso un rostro humano a la crisis que asfixia a la salud departamental.
Desde el Ministerio del Trabajo, Jarid Gómez expresó preocupación por la situación laboral en clínicas y destacó que han impuesto sanciones por incumplimientos, pero que la solución requiere reformas constitucionales y un modelo que garantice calidad y sostenibilidad financiera para los prestadores.
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Incertidumbre más que conclusiones
En el debate en la Asamblea Departamental del Cesar, se destacó la importancia del sector salud no solo como proveedor de servicios sino también como generador significativo de empleo en la región. Un diputado resaltó que, sin temor a equivocarse, el sector salud genera más empleos que incluso empresas mineras como Drummond, subrayando que en Colombia el 11 % del empleo total es generado por esta industria. Esto pone en perspectiva la amplitud del impacto que la crisis sanitaria tiene en diversos frentes, más allá de la atención médica directa, afectando al tejido económico y social del departamento.
Se enfatizó que el usuario es el cliente principal y la parte más afectada en esta crisis. La creciente inconformidad de las ligas de usuarios alzando la voz para exigir el pago a las entidades prestadoras refuerza la gravedad y urgencia de atender estas problemáticas. Sin embargo, también se advirtió que el gobierno parece tolerar protestas en la calle provenientes del sector salud para justificar la imposición de una reforma considerada fallida por varios participantes, evidenciando así un ambiente político complejo que agrava la tensión del sector.
Se hizo un llamado a no desfallecer y a continuar el acompañamiento decidido del gobierno departamental, especialmente a la gobernadora quien ha asumido un liderazgo activo defendiendo los intereses del Cesar en esta materia. Los diputados subrayaron que defender al sector salud no es solo proteger instituciones, sino una cadena articulada de actores afectados, incluidos trabajadores y usuarios, que requieren respuestas efectivas y apoyo constante. La Asamblea se comprometió a ser vocera y a exigir mayor transparencia y agilidad en el flujo de recursos para evitar que la crisis se profundice aún más.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
