Indescifrable es la reubicación para los vendedores estacionarios y ambulantes del centro y la zona bancaria en Valledupar. Por un lado, la Alcaldía frenó el proyecto por el cual se daría solución a 1.100 de ellos, y en otro punto, la Procuraduría General de la Nación archivó un proceso para encontrar al responsable de lo que se visiona como un detrimento patrimonial.
Además de la inseguridad, lo que más se ha multiplicado en la capital del Cesar son los vendedores ambulantes. Aunque no hay cifras definitivas, se estima que unos mil de ellos, desde hace más de ocho años, se dedican al rebusque en las esquinas o recorriendo las calles expuestos al sol y al aire, asumiendo peligros y dificultades mientras venden todo tipo de mercancías.
La situación a los expendedores de mercancía se agudiza teniendo en cuenta que a partir del sábado 6 de septiembre, la Secretaría de Gobierno Municipal iniciará operativos de recuperación de espacio público en la ciudad, en sectores donde funcionan estancos, zona bancaria y otros puntos.
Este fenómeno económico y social tiene tan asfixiadas a varias zonas, que los conductores prefieren tomar otras rutas y los transeúntes solicitan que esas zonas se conviertan peatonales, especialmente la Calle del Cesar, la Galería Popular y parte de la carrera octava en donde la ola de vendedores formales e informales que se tomaron el espacio público.
El presidente de la Asociación de Vendedores Estacionarios y Ambulantes de Valledupar, Asovemev, Manuel Ríos Hernández, está sorprendido porque asegura que ellos son los que han ido a la Alcaldía a preguntar por la regulación del espacio público, pero la respuesta es que los funcionarios no tienen contrato.
“Imagínese esa situación que los vendedores ambulantes vayan a preguntar qué pasó con el espacio público que no lo vemos en la calle, así estará esa administración de abandonada”, dijo Ríos Hernández.
El líder de 485 vendedores, asegura que “nos sentimos aislados de la administración municipal, esta administración en cabeza de Fredys Socarrás nos ha abandonado”, indicando que la próxima semana, después de una reunión de comité, los representantes de Asovemev irán, con documentos en mano, a la Procuraduría Provincial de Valledupar “porque nosotros estábamos confiados de que el proyecto de La Granja iba a ser el sitio adecuado para nosotros los vendedores ambulantes, pero la Alcaldía ha invertido muchos millones de pesos, que finalmente están perdidos en ese centro comercial”.
En principio el proyecto buscaba una zona abierta, iluminada, fresca, con suficiente ventilación y circulación, ser un fiel reflejo de los centros comerciales modernos que en existían en esa época. De igual forma, el centro comercial La Granja tendrían cabida para 1.100 locales comerciales, entre ellos 40 destinados para plazas de comidas; la construcción comenzaría el 20 de agosto 2008.
“Todo está frenado”: secretario de Obras
EL PILÓN consultó al secretario de Obras Municipal, Jair González Vigna, y así conocer en qué etapa se encuentra el contrato de obras 407 de 2011 y el estado es que está suspendido.
“Estamos esperando que jurídicamente el lote vuelva a estar a nombre del Municipio, porque en estos momentos está a nombre del Ministerio de Agricultura. Todo está frenado porque ese lote (antiguas bodegas del Idema) no está a nombre del Municipio”, manifestó el funcionario.
Agregó que se debe iniciar por recuperar los espacios públicos y después la administración municipal seguirá haciendo las gestiones pertinentes para organizar a estos vendedores, que son personas, que están usufructuando el uso del espacio, para que hagan parte de un gran proceso.
Frente a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, el Secretario de Obras prefirió no opinar, pero dijo: “sí es claro que el Municipio de Valledupar necesariamente tiene que volver hacer unas inversiones cuantiosas en ese sitio (centro comercial La Granja) porque fueron ejecutadas unas obras de manera irregular”.
Al quedar cerrado el proceso investigativo de la Procuraduría, lo único que existe sobre la inversión de los 7 mil millones de pesos, y no hay obra concluida, es un control de advertencia por parte de la Contraloría Municipal, sobre las operaciones y procesos relacionados con el contrato de compraventa e hipoteca, mediante el cual el Municipio adquiere los lotes del antiguo Idema.
