El ‘ruido’ por hechos de corrupción administrativa ha generado ‘eco’ en los veedores y habitantes del Cesar. Alcaldes como Jhonny Pérez Oñate, Ciro Pupo Castro, Rubén Carvajal Riveira; Lucas Gnecco Cerchar y Hernando Molina Araújo, gobernadores, han sido destituidos y condenados por actos propios de la corrupción. Las investigaciones entregaron desde fraccionamiento de contratos hasta pacto con grupos paramilitares, por estas razones, hay temor que regrese el ‘fantasma político’.
En lo corrido de 2014, a las oficinas de la Procuraduría Provincial y Regional del Cesar han llegado unas 3.220 quejas en contra del gobernador, alcaldes y funcionarios públicos de este departamento. Unas 2.100 pertenecen a la Provincial (vigila 13 alcaldes del Cesar), que lleva alrededor de 500 investigaciones en curso, mientras que 200 expedientes pertenecen a la Regional (procesos de empleados de nivel departamental, alcalde y concejales de Valledupar). Sin contar las de otros entes como la Personería Municipal y las Contralorías (Municipal, Departamental, General Cesar), que no han hecho visible estos datos.
Mandatarios municipales como Fredys Socarrás Reales (Valledupar), Henry Chacón Amaya (Curumaní), Javier Landazabal Gómez (Pueblo Bello), Wilson Rincón Álvarez (La Paz), Wilfrido Ruiz Rada (El Copey), Aideth Barrios Ortega (Astrea), Jorge Patiño Gómez (Bosconia), Alberto Murgas Pupo (El Paso), Walfran Rinaldy Romano (Pelaya), entre otros, igualmente el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, son investigados y podrían ser inhabilitados por las presuntas faltas denunciadas en 31 de los 48 meses de mandato.
El presidente de la Veeduría Ciudadana y el control fiscal, Jayne Alcides Mora Murgas, es el más indignado con los resultados emitidos por los entes de control y vigilancia del departamento.
“Los entes de control y vigilancia se han convertido en los últimos años en escudero y cómplices de los pícaros y corruptos de este país; Valledupar y el departamento del Cesar son víctimas de la corrupción administrativa, aquí no pasa nada, solamente hay pañitos de agua tibia. Para mí los alcaldes después de Rodolfo Campo Soto, deberían estar presos y deben devolver todos esos recursos que se han robado”, dijo Mora Murgas.
El ‘cazador de los elefantes blancos’, como es denominado Jayne Mora, no encuentra explicación ante la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación en cuanto al denunciado caso de la obra denominada plaza de Vendedores Ambulantes del municipio de Valledupar.
En días anteriores, la Procuraduría archivó este proceso de investigación que involucraba a los exalcaldes de Valledupar, Rubén Carvajal Riveira y Luis Fabián Fernández Maestre, a Luis Alfredo Pérez Díaz y William Cortés Díaz en sus condiciones de secretario de Obras del municipio y representante legal de la interventoría.
Los hechos por los que fue archivada la investigación se remontan al año 2011, cuando Jayne Mora interpuso la queja ante la Procuraduría Regional del Cesar, por posibles irregularidades en la ejecución de los contratos de obras públicas 139 y 137. Según el ente investigador, no se demostró la ocurrencia de los hechos.
“Se gastaron toda la plata en remover tierra y cambiar tierra cuando habían 10 bodegas, construidas en material, no hicieron planeación ni estudio de suelo, sino que el dinero en vez de hacer la obra, lo invirtieron en remover tierra”, explicó el líder comunitario.
Con esta decisión, el proyecto para reubicar a 1.100 vendedores ambulantes de la zona centro de Valledupar, con valor de más de 7.000 millones de pesos, sigue ‘en el limbo’ porque actualmente el contrato 407 de 2011 está suspendido.
Uno de los puntos de mayor molestia para Jayne Mora es que la Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público, así como la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales, “no hacen nada, simplemente no cumplen sus funciones”, explicó.
“En el último año he denunciado una cantidad de irregularidades, por ejemplo, los contratos de los parqueaderos de vehículos a particulares, donde la administración municipal facultó a particulares para que construyeran parqueaderos sin el Municipio recibir un peso; el negoción lo estaban haciendo los dueños del parqueadero, la Policía, los dueños de las grúas y los demás empleados en ese ítem de la movilidad”, declaró Jayne Mora.
