*Elizabeth Montoya siempre soñaba con esa casa que le había prometido el gobierno, ese sería parte del pago por todo el sufrimiento que le ha tocado pasar desde que salió desplazada de la zona bananera en época de los paramilitares y se vio obligada a trasladarse hasta Valledupar a vivir arrimada en casa de un familiar lejano.
Con el programa de vivienda de la urbanización El Rocío se acrecentaron las esperanzas de 360 familias, que veían en él la solución a su problema de vivienda, pero estas esperanzas poco a poco se han ido apagando, porque algunas familias se han desilusionado al tener una vivienda que para ellas no cumplen con las expectativas del proyecto inicial que les presentaron y para otras porque todavía no les han hecho entrega de su casa.
Para llegar a El Rocío, toca pasar por Villa Taxi, Populandia y Tobías Daza, luego se llegan a las tres calles que hacen parte de esta urbanización, que sería la solución de vivienda para familias desplazadas según el proyecto del que hacían parte Acción Social (hoy Departamento para la Prosperidad Social), Gobernación y Fonvivienda.
En este sector al suroccidente de la ciudad, residen unas 82 familias desplazadas, que aseguran que esa no fue la vivienda que les prometieron porque son muchos detalles que la desdibujan, entre ellas el piso en concreto sin pulir, las paredes en obras negras, una cocina que escasamente tiene un metro, un mesón que nunca lo construyeron, los accesorios de los baños mal pegados y las puertas mal pegadas porque de manera constante se caen.
Jeison Hernández Bravo es uno de los líderes de esta comunidad y quien ha estado pendiente de que de este proyecto se cumpla a cabalidad, pero son muchos, según indicó, los inconvenientes que ha tenido la ejecución de este contrato.
“Yo ya estoy en mi casa, me la entregaron el pasado viernes 5 de septiembre, pero hay mucha irregularidad con estas entregas que no se han hecho de manera oficial, las puertas se caen, los lavamanos y las baldosas no están bien pegadas, hay muchos huecos en el piso, el problema en estas viviendas existe desde que las entregaron hace casi dos años, porque según lo que nos dijo el constructor es que las matrículas de los medidores de agua y luz correrían por cuenta de él, porque estas casas fueron subsidiadas en su totalidad, pero ahora nos están cobrando esas matrículas, por ejemplo el contador de la luz nos sale por 280 mil pesos y el del agua por 250 mil, además los consumos nos vienen muy elevados para ser este un sector de estrato uno”, indicó Hernández Bravo.
De igual forma este líder comunal denunció que ha habido mucho atraso en la construcción del resto de viviendas, tanto que en varias oportunidades ha solicitado la información por parte del constructor y del mismo gobierno, porque no es justo que los desplazados que son beneficiarios de este programa de vivienda sigan pagando arriendo o viviendo en condiciones precarias por falta de una casa digna y que aún estos trabajos no los hayan comenzado.
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