Pese al fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, del 9 de noviembre del 2011, en el que la Corte Suprema de Justicia ordena a Incoder, en el numeral 7°, restituir las tierras o en su defecto pagarlas a las 48 familias víctimas del conflicto armado de la Parcelación El Prado, en el municipio de La Jagua de Ibirico, hasta la fecha los que debían ser beneficiarios están a la espera del pago de los predios que actualmente están siendo explotados por una mina de carbón.
Por tal motivo, Ludys Pedroza, representante de las víctimas, aseguró, a través de un documento donde se detalla la triste historia de las familias afectadas, que “el Estado colombiano revictimiza a los desplazados”, es decir, que el Gobierno Nacional repite la historia de desplazamiento. Esta vez en los procesos de restitución de sus predios.
La crítica historia de las víctimas se presenta desde el mismo momento en que fueron deportadas de Venezuela en 1996, fecha en que llegaron al corregimiento de La Victoria de San Isidro, en el municipio de La Jagua de Ibirico, en busca de ayuda, por lo que el Gobierno Nacional, a través del proceso de reforma agraria, fundamentado en la Ley 160 del 94, solicitó al extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- Incora-, hoy Incoder, que les adjudicara 1.231.200 metros cuadrados de las tierras de El Prado.
Seis años después, grupos al margen de la Ley entraron a la parcelación y desplazaron a las familias, al parecer, porque las tierras estaban previstas para un negocio con una empresa minera, puesto que allí había carbón y era interés de testaferros. Algunos de los propietarios resultaron muertos a mano de los insurgentes, lamentable situación provocada en marzo del 2002.
En el 2009 inició la batalla jurídica de los 48 hogares que residían en El Prado, catalogado como uno de los pueblos más victimizados del Cesar. En el 2011, las familias obtuvieron respuesta positiva por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, que solicitó al Incoder restituirle las tierras o que se las compraran.
En 19 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo antes mencionado, pero ante la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, las víctimas realizaron el 3 de diciembre del 2013 un paro en el municipio de La Jagua de Ibirico para que el Estado le diera cumplimiento al fallo, protesta que tuvo eco ante el Incoder, por lo que la representante jurídica de los vulnerados, Ludys Pedraza, estuvo en Bogotá el 10 de diciembre, en donde le informaron que las tierras no se podían entregar por restricción, puesto que estaban en zona minera y por tanto se estaba desarrollando el evalúo de las mismas.
Debido a dicho proceso, la representante legal de las 48 familias de El Prado se reunió de nuevo con los funcionarios del Incoder el 24 de febrero de 2014, encuentro en donde se discutió el evalúo realizado por peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC-, el que para Pedraza no correspondía al valor total actual de los predios, puesto que, según ella, estaba viciado de ilegalidad, debido a que en el 2009, familias con propiedades cercanas a la parcelación vendieron terrenos alproyecto minero Prodeco, filial de Glencore, por un valor aproximado a 20 millones de pesos la hectárea y a las víctimas, al parecer, se las estaban comprando en 8 millones de pesos.
La ilegalidad del valor de los predios, según Pedraza, también se refiere a que el 19 de septiembre de 2009, la Lonja de Propiedad Raíz del Cesar, presentó ante Incoder un avalúo comercial aplicado los precios del mercado por un valor superior al que tiempo después presentó la entidad oficial.
El 19 de mayo de 2014 se llevó a cabo una reunión con las familias, con la abogada encargada del caso, un representante del Presidente Juan Manuel Santos y funcionarios de Incoder con el fin de darle cumplimiento al fallo. Sin embargo los meses pasaron y los afectados por la guerra no recibieron a tiempo el dinero.
El lunes anterior llegaron hasta las instalaciones de EL PILÓN más de 40 personas representantes de las familias víctimas, quienes horas antes habían estado en el Incoder Territorial Cesar, debido a un llamado realizado por la entidad a los cabeza de hogar, con el fin de firmar una notificación para así iniciar el proceso de pago de los predios.
El documento, con fecha 22 de agosto de 2014, bajo resolución 7434, decía: “Por el cual se ordena el pago de la liquidación determinada en la Resolución No. 3813 de 2014, aclarada por la Resolución No. 6399 de 2014, en cumplimiento del fallo judicial del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar de fecha de 9 de noviembre de 2011 a____ (nombre del beneficiario), identificado con la cédula de ciudadanía No.____”
No obstante, los desplazados, que llegaron de diferentes partes del país creían que de inmediato les sería entregado el pago y al no ver la efectividad del mismo asumieron que no sería cancelado a tiempo.
El enojo de las víctimas con la entidad del Estado también tiene que ver con que 15 familias de las 48 afectadas, quedarían por fuera del proceso de pago hasta entonces, porque aparentemente los dueños de los predios, quienes murieron a manos de los grupos al margen de la Ley, serían los únicos que podrían reclamar el dinero, ilógica situación que indignó a los parientes.
“A nosotros nos toca revivir a los muertos, porque no nos quieren pagar porque los esposos no están”, mencionó *María, quien quedó viuda hace 11 años con niños pequeños y hoy no tiene dinero para mantenerlos.
