Un total de 162 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidos por la Fuerza Pública fueron documentados en un informe entregado al magistrado Óscar Parra Vera, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en Valledupar.

Este lo realizó la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en coordinación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el comisionado de derechos humanos de la Organización Wiwa Yugumaín Bunuankurrua y Tayrona, los cuales asistieron a un encuentro con el magistrado y las víctimas del conflicto en un hotel de la ciudad.

El documento hace parte de la recolecta de información que realiza la JEP por la apertura que hizo la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad sobre el Caso 003, el cual estudia en el país las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, durante el conflicto armado.

Se analizan los 162 casos de presuntos ‘falsos positivos’ cometidos en el Magdalena, Cesar y La Guajira, del periodo 2003-2009. Estos son atribuidos a unidades militares adscritas a la Primera División del Ejército, entre las que se encuentra la Segunda y Décima Brigada, la Fuerza de Reacción Divisionaria y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal.
Las víctimas serían integrantes de diferentes etnias indígenas como la wiwa, que sufrieron la violencia en estas regiones.

“No ha sido fácil entregar este informe. Sabemos que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un trabajo enorme de resolver muchos casos de más de 60 años de conflicto armado en el país, pero con el pueblo wiwa ha ido avanzando en la entrega de sus primeros informes. Habrá un segundo informe que estaremos entregando no solamente a la JEP sino también a todos los organismos de defensa de derechos humanos a nivel nacional e internacional, sobre la situación real del pueblo wiwa frente a la magnitud e impacto de la violación de derechos humanos”, dijo Pedro Manuel Loperena, comisionado de derechos humanos.

Allí se relacionan unas 10 víctimas wiwas de posibles ejecuciones extrajudiciales en el Cesar, por parte del Batallón La Popa, ubicado en Valledupar.

HECHOS EN EL CESAR

Entre los sucesos referenciados está uno cometido el 9 de febrero del 2005 en la vereda de Pontón del corregimiento de Atánques, donde una pareja de indígenas wiwas conformada por Hermes Enrique Montero, de 23 años, y Noemí Pacheco Zabata, de 13, quien estaba embarazada, fueron asesinados.
Según el relato estipulado en una sentencia, sus cuerpos al día siguiente fueron encontrados en el sector de El Paraíso, vestidos con botas y prendas militares y portando material bélico.

Ese día, supuestamente, miembros del Batallón La Popa, manifestaron haber sostenido un combate a las 05:00 a.m. con miembros del frente 59 de las Farc y haber dado de baja a la pareja wiwa.

Otros hechos quedaron registrados en una finca del corregimiento de Badillo, sitio al que habrían sido llevados dos jóvenes del pueblo wiwa que fueron asesinados luego de ser retenidos y bajados de un carro cerca de la vía del municipio de San Juan del Cesar.

“Estos hechos han afectado al pueblo wiwa, porque lamentablemente sentimos que la Fuerza Pública desvió su misión, le falló no solamente a las víctimas de ‘falsos positivos’ sino también a la Nación porque su misión no era ejecutar o realizar acciones como esta que deshonra a los hombres de honor. La JEP investigará y sacará a flote la verdad sobre estos hechos”, puntualizó Loperena.

Esto teniendo en cuenta que la Jurisdicción Especial para la Paz asumió competencia para esclarecer las muertes cuestionadas a manos de miembros de la Fuerza Pública durante el conflicto, en el que se priorizó este caso de acuerdo al llamado que hizo la Corte Penal Internacional.

Entre tanto, el magistrado de la JEP, Óscar Parra Vera, comunicó que esto hace parte de un largo proceso en que los actores del conflicto deberán rendir versión libre, en la cual las víctimas son importantes.

“Nosotros esperamos que cuando logremos consolidar la logística necesaria para obtener salas alternas para las versiones, empezar a dar el paso que permita la presencia de las víctimas mientras desarrollamos estos interrogatorios y la presencia de los representantes de las víctimas en algunos momentos de la versión voluntaria. Ese es un paso que esperemos dar pronto e ir avanzando paulatinamente en estos hechos que se van entregando en estos informes”, dijo el magistrado.

Esta jurisdicción ya ha realizado diligencias similares Bogotá, Yopal, Cali, Medellín, Bucaramanga, entre otras.

LAS VÍCTIMAS

Las víctimas del conflicto solicitaron que con base en este proceso se pueda obtener algo de verdad y reparación integral.

Hubo una petición de pobladores de La Guajira, quienes solicitaron que el Estado mire más a este departamento para su bienestar y porque es propenso a que se encrudezca la violencia.

“Nosotros como víctimas hoy tenemos más que nunca la esperanza viva; vamos regocijados a nuestro territorio sabiendo de que no todo está perdido. Nunca toda la verdad saldrá a flote, pero sí vamos por buen camino a la JEP”, dijo Dany Molina, líder de Fonseca.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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