La decisión fue apelada por la Fiscalía para que vuelva hacer analizada en segunda instancia en el Palacio de Justicia de Valledupar.
A Damiler Paul Corrales Figueroa, uno de los señalados de pertenecer al denominado ‘Clan de Marquitos Figueroa’, que aparentemente delinquía en los departamentos del Cesar y La Guajira, el Juzgado Segundo Municipal con funciones de Control de Garantías de Valledupar le revocó la medida de aseguramiento intramural por la libertad en el proceso que se adelanta en su contra en esta ciudad.
La decisión del juez se dio en días anteriores, como respuesta a la defensa que solicitó la audiencia con el fin de que a su protegido le fuera concedida una medida de aseguramiento domiciliaria o en el mejor de los casos una no privativa de la libertad, debido a que este actualmente se encontraba privado de la libertad en la Penitenciaría de Mediana y Máxima seguridad de Valledupar, más conocida como ‘La Tramacúa’.
Ante el dictamen, la Fiscalía Especializada 21 de Bogotá apeló la decisión, que tendrá que ser analizada nuevamente en otras instancias legales en el Palacio de Justicia.
A Corrales Figueroa y a otros cincos implicados los acusan de conformar una estructura criminal al servicio del considerado capo de La Guajira, Marcos de Jesús Figueroa García, más conocido con el alias de ‘Marquitos Figueroa’, para perpetrar asesinatos y otras actividades ilegales en la región.
Por este caso, mediante la ‘Operación Zafiro’, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía detuvo a los seis incriminados en los departamentos de La Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena.
Para la fecha, según la Dirección del Crimen Organizado de la Fiscalía, el procesado Damiler Paul Corrales Figueroa, sobrino de ‘Marquitos Figueroa’, se encargaba de sicarios y de la parte financiera de la organización, por el que ya había estado en la cárcel acusado de lavados de activos.
Hasta el momento el pleito judicial de los señalados está en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la petición de los abogados que el pasado 28 de septiembre alegaron que el proceso en su contra lo debe llevar el Juzgado Especializado de Riohacha y no el de la capital del Cesar.
La decisión fue apelada por la Fiscalía para que vuelva hacer analizada en segunda instancia en el Palacio de Justicia de Valledupar.
A Damiler Paul Corrales Figueroa, uno de los señalados de pertenecer al denominado ‘Clan de Marquitos Figueroa’, que aparentemente delinquía en los departamentos del Cesar y La Guajira, el Juzgado Segundo Municipal con funciones de Control de Garantías de Valledupar le revocó la medida de aseguramiento intramural por la libertad en el proceso que se adelanta en su contra en esta ciudad.
La decisión del juez se dio en días anteriores, como respuesta a la defensa que solicitó la audiencia con el fin de que a su protegido le fuera concedida una medida de aseguramiento domiciliaria o en el mejor de los casos una no privativa de la libertad, debido a que este actualmente se encontraba privado de la libertad en la Penitenciaría de Mediana y Máxima seguridad de Valledupar, más conocida como ‘La Tramacúa’.
Ante el dictamen, la Fiscalía Especializada 21 de Bogotá apeló la decisión, que tendrá que ser analizada nuevamente en otras instancias legales en el Palacio de Justicia.
A Corrales Figueroa y a otros cincos implicados los acusan de conformar una estructura criminal al servicio del considerado capo de La Guajira, Marcos de Jesús Figueroa García, más conocido con el alias de ‘Marquitos Figueroa’, para perpetrar asesinatos y otras actividades ilegales en la región.
Por este caso, mediante la ‘Operación Zafiro’, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía detuvo a los seis incriminados en los departamentos de La Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena.
Para la fecha, según la Dirección del Crimen Organizado de la Fiscalía, el procesado Damiler Paul Corrales Figueroa, sobrino de ‘Marquitos Figueroa’, se encargaba de sicarios y de la parte financiera de la organización, por el que ya había estado en la cárcel acusado de lavados de activos.
Hasta el momento el pleito judicial de los señalados está en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la petición de los abogados que el pasado 28 de septiembre alegaron que el proceso en su contra lo debe llevar el Juzgado Especializado de Riohacha y no el de la capital del Cesar.