Los habitantes del barrio La Roca, en el norte de Valledupar, denunciaron que la Alcaldía les está ofreciendo pagos “irrisorios” para adquirir sus predios y culminar la conexión entre el Anillo Circunvalar de Occidente, construido por la Gobernación, y la avenida Sierra Nevada, una obra estratégica para la movilidad de la ciudad.
El anillo vial, que incluye 10,4 kilómetros de vía y una inversión cercana a los 150.000 millones de pesos, presenta un avance del 95 %. Sin embargo, para completar la doble calzada en el tramo que une ambas vías es necesario adquirir terrenos y viviendas ubicados en la calle 1 y 1A del sector conocido como ‘La Roca’.
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El diputado Jesús Suárez había citado a un debate de control político este martes 12 de agosto, pero se aplazó porque el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, envió una excusa.
Según Suárez, el municipio debió gestionar la compra de estos predios desde el inicio de la obra, hace tres años. “Hoy, a menos de 35 metros de las primeras casas, la comunidad no sabe qué va a pasar. No hay socialización, no hay caracterización, y a algunos vecinos les han enviado resoluciones de compra de mejoras con valores de 14, 16 o 20 millones de pesos, cifras que no alcanzan ni para comprar un lote en la zona, que cuesta entre 60 y 70 millones”, afirmó.
De acuerdo con Suárez, a ciertos propietarios se les ha propuesto comprar solo una parte de sus viviendas, como patios, salas o terrazas, sin que exista claridad sobre el criterio técnico para determinar esas ofertas. “Son más de 146 familias, con niños, mujeres embarazadas, desplazados y población indígena, que no saben qué hacer ni a quién acudir”, señaló Suárez.
Proceso costoso para objetar avalúos
El abogado Alais Cuello, quien representa a varias familias, explicó que la Alcaldía contrató a un equipo externo para hacer los avalúos y que, si un propietario quiere controvertir la oferta, debe contratar un perito inscrito en la Lonja de Propiedad Raíz o en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. “Ese trámite cuesta unos 500.000 pesos por avalúo, lo que dificulta que las familias puedan defender sus intereses”, indicó Cuello.
La posición de los afectados es vender, pero a lo que ellos consideran precio justo, garantizando que puedan acceder a una vivienda digna sin pagar arriendo. “No nos oponemos al desarrollo, pero lo que ofrecen no alcanza para mudarse ni siquiera a un barrio más humilde. La Alcaldía compró predios en 2005, y hay familias con más de siete años viviendo aquí. Lo que están haciendo es un desplazamiento forzado”, advirtió el abogado.
Impacto social y críticas a la planeación
Los moradores aseguran que el proceso carece de un estudio de impacto social y económico. “Aquí no se ha hecho una caracterización seria. La mayoría vive de la informalidad y depende del día a día. Además, este es un sector estratégico: en cinco minutos se llega a centros comerciales como Guatapurí Plaza o Makro, por eso el valor de la ubicación es alto”, explicó el representante legal.
