Dos integrantes de la Policía Nacional fueron capturados por el CTI de la Fiscalía por presuntamente privar de la libertad injustamente a dos ciudadanos, a quienes también agredieron sobre la vía que conduce al corregimiento de Guacoche, jurisdicción de Valledupar.

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El patrullero Ernesto Xabier Figueroa Lora, de 36 años de edad, y el intendente Jolman Alfonso Vargas Zuleta, de 46 años, fueron detenidos en el barrio Los Ángeles y en el comando de la Policía de la ciudad, respectivamente.  

De igual manera, fueron presentados ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías para las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.

Durante la diligencia, la Fiscalía 12 Seccional relató que la investigación está relacionada a los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2019, fecha en que supuestamente los uniformados fueron alertados de un carro que minutos antes había accionado un arma de fuego contra unos taxistas por el sector de la glorieta Pedazo de Acordeón. 

En ese sentido, procedieron a realizar un plan candado e interceptaron a una camioneta donde se movilizaban cinco personas, entre esas Emilio José Daza Rodríguez y Jhonys Jair Márquez Márquez, a quienes solicitaron una requisa.   Pero, según la Fiscalía, el procedimiento lo hicieron de forma inadecuada, arbitraria y excesiva debido a que sometieron a los ciudadanos a una violencia física y verbal.

“El patrullero Ernesto Figueroa disparó su arma de dotación de escopeta traumática contra la humanidad de Emilio, ocasionándole una lesión de consideración en la región de deltoides izquierda y hombro, con herida abierta y daño de nervio”, contó el fiscal Gentil de León Mármol, en las audiencias.

Precisó, además, que no conforme con eso el uniformado también disparó y golpeó a Jhony Jair Márquez porque se encontraba grabando la actuación policial.   

“Quedó claro que durante el procedimiento realizado por la Policía Nacional Ernesto Figueroa y Jolman Vargas no hallaron armas de fuego, ni arma blanca o cualquier otro elemento peligroso en  el vehículo, así como tampoco las habían en posesión de los ocupantes, es decir, ellos no representaban amenaza durante el procedimiento de rutina como para que hubiesen reaccionado de esa manera. Sin embargo, fueron esposados y privados de la libertad ilegalmente”, aseveró León Mármol.

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Los policías presuntamente trasladaron malheridos a los dos ciudadanos a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, sin brindarles los primero auxilios. Solo horas después fue que tras las suplicas de Emilio Daza, el intendente Vargas procedió a llevarlo a él al CDV del Hospital Eduardo Arredondo Daza de donde fue remitido a la Clínica Pediátrica por la complejidad de la lesión.

 Según la investigación, horas después del mismo día los servidores públicos hicieron que los afectados firmaran un acta de conciliación para enmendar los actos arbitrarios y remediar la privación ilegal de la libertad, dado que no existían motivos jurídicos para haberlo hecho.

Asimismo los ciudadanos no quedaron a disposición del fiscal de turno con su respectivo informe ni les impusieron algún comparendo que justificará la actuación.

“Los policías con extralimitación de sus funciones incurrieron en un evento arbitrario e injusto al realizar un procedimiento con violencia y fuerza desmedida en las personas de Emilio Daza y Jhony  Márquez, a quienes ocasionaron heridas de consideración con sus armas de dotación y puños; lo hicieron sin justificación alguna, pero además los  privaron ilegalmente de su libertad por más de ocho horas”, puntualizó el representante del ente acusador.

Por tal razón, el fiscal 12 seccional les imputó el delito de privación ilegal de la libertad, de los cuales los dos policías se declararon inocentes.

LA DEFENSA

Por su parte, el abogado defensor William Mejía Musa alegó que el ente no relató todo lo sucedido con motivo a que los ciudadanos fueron agresivos con los uniformados y tuvieron que ser presuntamente perseguidos.  Añadió que los ocupantes del carro estaban inicialmente peleando entre ellos y uno accionó un arma en frente de unos taxistas, siendo necesario el requerimiento policial.

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“Cuando los conductores de taxis los rodean, uno de los señores que ahora presume de víctima, sacó un arma e hizo disparos al aire; es ahí, que se llama la Central de Policía y manifiestan lo sucedido. Estas personas en camioneta se van por la carrera 9 y por donde están haciendo La Casa en el Aire, donde hay un control policial, no obedecieron la señal de pare, cogieron la vía Hurtado, pasaron el puente Colgante donde también hicieron omisión al segundo pare y se da la persecución en la que fueron alcanzados. Al ser abordados fueron agresivos”, aseveró Mejía Musa. 

Finalizó diciendo que las presuntas víctimas incurrieron en el delito de agresión contra servidor público.

Las partes debatían en las audiencias preliminares la imposición de medida de aseguramiento de los policías.

Por: Marllelys Salinas / EL PILÓN.
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