Los homicidios selectivos en los municipios de El Copey, Valledupar y Pueblo Bello, en el marco de la disputa territorial que libran bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico, detrás de las cuales estarían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, hacen parte de las razones por las cuales se mantienen vigentes las alertas tempranas por riesgo de victimización en el Cesar. 

La Defensoría del Pueblo, en los últimos cuatro años, ha emitido siete alertas en nueve de los 25 municipios del departamento debido a las reiteradas amenazas a la población civil en esta zona del país. 

En estas alertas se advierte el riesgo por la presencia y accionar de actores armados ilegales como EPL, ELN, facciones disidentes de las FARC-EP y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. 

Los municipios en alerta son: Pailitas, Curumaní, Chimichagua, Pelaya, Pueblo Bello, Tamalameque, Astrea, Valledupar y El Copey. 

AMENAZA LATENTE 

Pese a que recientemente, en El Copey fue capturado uno de sus comandantes (5-7) pero continúa la fortaleza de la estructura Frente José Francisco Morales Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado de las AGC, que actúa en la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de Valledupar, Pueblo Bello y El Copey. 

En Pueblo Bello se han registrado homicidios de dos personas, particularmente en los corregimientos de La Honda y Las Minas de Iracal. Y en Valledupar, las muertes se deben a un contexto de expansión y reconfiguración de las AGC. 

EL NARCOTRÁFICO Y LA MINERÍA ILEGAL 

Las razones de estas posibles disputas entre grupos armados no estatales o entre estructuras criminales rivales se debe por el control territorial de corredores y posicionamiento en áreas geográficas, del municipio, que articulan zonas determinantes en la cadena del narcotráfico, para la producción y distribución hacia mercados internacionales, así como la minería ilegal. 

POBLACIÓN VULNERADA 

La Defensoría advierte que entre la población en riesgo se encuentran, mujeres; personas con orientación sexual e identidad de género diversas; niños y niñas; adolescentes; comerciantes; campesinos; docentes; estudiantes; transportadores; servidores públicos; personas en ejercicio de la prostitución.

Así mismo, personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales; población migrante; víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, población socialmente estigmatizada; miembros de la misión médica; empresarios y jóvenes. 

LAS ALERTAS TEMPRANAS 

De las siete alertas tempranas, cinco corresponden al nivel departamental y dos a nivel nacional. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se emiten con la finalidad de advertir a las autoridades concernientes sobre la probable materialización de conductas vulneratorias de los derechos humanos que afectarían a la población, a fin de que se tomen las medidas que las circunstancias ameriten. 

Estas alertas de carácter nacional son: 026 de 28 de febrero de 2018, de la cual existe informe de seguimiento de agosto de 2019, corresponde a la advertencia por violencia contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales. Asimismo, va a salir una nueva advertencia. Y, la 004 de 17 de febrero de 2022, documento de advertencia al proceso electoral 2022. 

Le corresponde al Cesar, las alertas tempranas (AT) 026 de 29 de octubre de 2021 para Valledupar, particularmente al Resguardo Indígena Kankuamo. Así mismo, la AT 012 de 15 de junio de 2021 para Astrea, Chimichagua y Tamalameque (y tres municipios del Magdalena). 

También la AT 010 de 25 de abril de 2022 para El Copey. Le sigue la AT 038 de 13 de agosto de 2020 para Curumaní y Chimichagua. Y finalmente, la 014 de 9 de junio de 2022 para Pailitas.

MECANISMOS DE ADVERTENCIA 

Ante esta situación, el defensor del Pueblo para el departamento del Cesar, José Rafael Hernández explicó que estas alertas tempranas son mecanismos para advertir sobre una situación de riesgo que puede tener la comunidad.  

“Cuando nosotros emitimos la alerta entregamos un documento al Ministerio del Interior y éste convoca a una Comité Intersectorial para la respuesta rápida en aras de que estos escenarios de riesgo no se lleguen a consumar”, dijo Hernández. 

Entre tanto, el director de la Unidad de Víctimas territorial Cesar-La Guajira, Victor Hugo Mosquera, afirmó que antes estas alertas tempranas la entidad ha adoptado las recomendaciones entregadas por la Defensoría del Pueblo para fortalecer los planes de emergencia y prevención. 

“Estos planes los articulamos con el Ministerio Público y los municipios para brindar asistencia técnica para que hagan los planes pero adicionalmente nosotros nos vamos con los componentes de infraestructura social y comunitaria en muchos de esos municipios hacemos esas intervenciones precisamente para fortalecer el componente institucional y prevenir los hechos victimizantes”, acotó Mosquera. 

KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN

@karenperezcol